La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, por el caso de dos personas –un hombre y una mujer embarazada– a quienes violaron sus derechos a la libertad personal, a la inviolabilidad del domicilio y por haber sido objeto de tortura física y sicológica por elementos de la dependencia en Ciudad Mendoza, Veracruz.

En la recomendación 20/2016, el organismo nacional reporta que el 12 de agosto de 2013 recibió una queja en la que se indica que el día 6 de ese mes y año, policías estatales y elementos de la Semar irrumpieron en el domicilio de las víctimas, sin orden de cateo ni consentimiento, golpeándolos, sin mostrar documento alguno que justificara su detención, para posteriormente llevarlos a otro lugar donde fueron objeto de actos de tortura física y sicológica.

Dos días después de los hechos, uno de los agraviados fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, quien inició la averiguación previa correspondiente; fueron certificadas diversas lesiones que presentaba en el cuerpo, en tanto que la otra agraviada fue dejada en libertad ese mismo día por la noche.

Ambos fueron sujetos a tortura. Sacados violentamente de su casa, subidos a una camioneta y trasladados a un motel donde permanecieron retenidos. Le pegaban en la nuca, incluso le pusieron una pistola en el vientre a sabiendas de que estaba embarazada, obligándola también a escuchar los gritos de V1 cuando era sometido a tortura, dice el expediente de la CNDH. El hombre, identificado como V1, estuvo casi dos años en prisión, pero fue absuelto en agosto de 2015.

Resultado de la investigación, la CNDH encontró elementos suficientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos de los dos agraviados, quienes fueron objeto de detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de su domicilio y sujetos a actos de tortura en su integridad física y sicológica, atribuibles a elementos de la Semar.

En las recomendaciones, el organismo nacional pide a la dependencia que se repare el daño a los dos agraviados y que además colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que será presentada ante la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, respectivamente, a fin de que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos.