Tras la denuncia que presentó la defensa de tres militares absueltos del caso Tlatlaya en contra de Luis Raúl González Pérez, presidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se aclaró que por ley ni el titular del organismo ni los visitadores generales pueden ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa por opiniones, recomendaciones o actos que realicen en el ámbito de sus responsabilidades.

En un comunicado, el organismo resaltó que la actividad del ombudsman en éste y en todos los casos se ha realizado en el ámbito de las atribuciones que le otorgan el artículo 102 de la Constitución, así como la ley orgánica de la CNDH y demás disposiciones aplicables, para investigar y determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos de las personas, amparados por el orden jurídico mexicano.

Apuntó que la resolución emitida por el sexto tribunal unitario del segundo circuito –por la que se liberaron a los últimos tres de ocho militares involucrados en el caso– no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y su contenido aludiría a insuficiencias en la actuación de la PGR (Procuraduría General de la República) que habrían prevenido que la instancia jurisdiccional competente pudiera entrar al estudio integral del caso.

Por ese motivo, al no existir certeza sobre el hecho de que efectivamente se hubiese tomado en consideración el contenido de la recomendación 51/2014 y ofrecido como pruebas los elementos de convicción que sustentaron tal pronunciamiento, este organismo nacional reiteró a la PGR la necesidad de que tales acciones se hicieran, en tanto están vinculadas al cumplimiento de los puntos recomendatorios que se le dirigieron.

La CNDH recordó que en la recomendación señalada acreditó la existencia de violaciones graves a los derechos humanos, mismas que constituyen un agravio a la sociedad y que en razón de ello deben ser valoradas en el ámbito penal.

Expresó que continuará dando seguimiento al cumplimiento que se dé a la recomendación sobre el caso Tlatlaya, hasta que la verdad, la justicia y la reparación sean una realidad para todas las víctimas y se hayan deslindado las responsabilidades que, en su caso, procedan derivadas de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de su responsabilidad constitucional.

La defensa de los tres militares presentó la denuncia contra González Pérez acusándolo de contribuir a un linchamiento mediático contra los soldados.