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Criterio de igualdad y no discriminación

Legislaturas de Michoacán y Morelos aceptan esas bodas
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2016, p. 4

Legislaturas locales de Michoacán y Morelos aprobaron este miércoles por mayoría el matrimonio igualitario, que permitirá establecer tal contrato civil entre personas del mismo sexo. En Morelia, el Congreso michoacano aprobó dichas uniones con 27 votos a favor y ocho abstenciones, siete de la bancada panista y uno de la diputada priísta Rosalía Miranda.

El dictamen establece, con un criterio de igualdad y no discriminación, que el matrimonio es la unión de dos personas para realizar una comunidad de vida permanente, en la que se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua. Asimismo, elimina de la legislación estatal que el objetivo del matrimonio es la procreación.

El grupo Red Michoacana de la Familia se manifestó frente a la entrada del recinto legislativo en contra de los matrimonios igualitarios en la entidad. Acusaron a los diputados locales de terminar con la familia natural y exigieron que el tema se someta a una consulta ciudadana. A su vez, el arzobispo de Morelia, cardenal Alberto Suárez Inda, consideró que el matrimonio entre personas del mismo sexo atenta ‘‘contra la base de la sociedad, que es la familia’’.

En conferencia de prensa, acompañado por representantes de asociaciones católicas, así como de la Universidad Vasco de Quiroga y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Suárez Inda se manifestó en contra de la iniciativa presentada el martes por el presidente Enrique Peña Nieto y de su aprobación por parte del Congreso michoacano.

De su lado, el Congreso de Morelos aprobó por mayoría de votos el matrimonio igualitario y la reforma constitucional de participación ciudadana, otorgándole de manera exclusiva al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ‘‘la facultad de calificar, organizar, desarrollar y declarar los procesos de participación de la ciudadanía, en atención a la dispuesto por la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014’’.