El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, Felipe Solís, destacó en el Senado que el gobierno federal intensificará el cabildeo con los congresos locales para que a la brevedad ratifiquen la reforma al artículo 11 constitucional, la cual señala que toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a buscar y recibir refugio y asilo político.

En conferencia de prensa –a la que fueron invitados el subsecretario Solís; el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, y al especialista Santiago Corcuera– la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la panista Gabriela Cuevas, señaló que con esta reforma se continuará la tradición por la que México acogió a personas que huían de las dictaduras de España, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile.

Resaltó que el propósito de la reforma es contar con sustento constitucional y convencional en la materia, lo que permitirá al país encauzarse nuevamente en su tradición humanitaria, que en el siglo pasado lo llevó a tener liderazgo en la materia.

La senadora Cuevas aseveró que lo más alarmante es que el más reciente reporte de Human Rights Watch indica que en 2015 México reconoció la condición de refugiados a únicamente 0.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes no acompañados provenientes de Centroamérica. Esto habla, sin duda, de una política que debe revisarse.

Por su parte, Brunori detalló que con estos cambios se pretende cerrar un círculo que se dejó abierto desde la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

En tanto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mark Manly, aseveró que la reforma coloca a México como país líder en la región en materia de protección del derecho de asilo y refugios. Con ello se termina una dicotomía falsa entre protección de refugiados, por un lado, y el derecho de asilo por otro.

Corcuera, jurista y experto en derechos humanos e integrante del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, manifestó que la reforma pone en línea a la Carta Magna con los más altos estándares internacionales, pues será facultad del Estado mexicano otorgar asilo diplomático, pero reconoce el derecho humano fundamental a solicitar y recibir asilo en caso de persecución.