Estados
Ver día anteriorLunes 11 de abril de 2016Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
Michoacán: 263 casos desde 2007
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 11 de abril de 2016, p. 29

Morelia, Mich.

En poco más de dos años, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 20 quejas por desaparición forzada. En 2014 hubo 19 denuncias, en 2015 sólo una y en lo que va del año no se han presentado.

El periodo en el cual hubo más casos fue durante la gestión del ex comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

Seis de las quejas presentadas en 2014 fueron contra personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cuatro contra agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dos contra la policía municipal de Apatzingán, tres contra la Policía Federal; dos involucraron a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), una a la Secretaría de Marina y una a la policía municipal de Ziracuaretiro.

La queja de 2015 fue contra la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Todas las víctimas son civiles.

La CEDH informó que las quejas que involucran a autoridades federales fueron enviadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Jonahuy Paredes Lachino, integrante de la organización defensora de derechos humanos Alzando Voces, manifestó que entre septiembre de 2007 y diciembre de 2013 se denunciaron 243 desapariciones forzadas, que con las 20 mencionadas suman 263 debidamente documentadas.

Noventa 90 por ciento de los desaparecidos son estudiantes, amas de casa o trabajadores secuestrados por fuerzas federales, estatales y municipales.

Entre los ausentes se encuentra el padre de Jonahuy, el ex activista y ex guerrillero Francisco Paredes Ruiz, a quien se vio por última vez en Morelia, en la salida a Salamanca, donde localizaron su vehículo abandonado.

Sesenta por ciento de las desapariciones son atribuidas a policías estatales; 20 por ciento, a federales; 10 por ciento, a militares, y 10 por ciento a agentes municipales. La defensora de derechos humanos dijo que estos casos siguen impunes y el marco normativo es insuficiente para aclarar lo ocurrido a las 263 personas.