El informe del tercer peritaje en el basurero de Cocula, elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), no es concluyente ni da certeza en la búsqueda de la verdad, obedece a una estrategia mediática coordinada por el gobierno federal para cerrar la puerta, definitivamente, a un nuevo periodo de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); así, la administración del presidente Enrique Peña Nieto rompería un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y colocaría una lápida al proceso de investigación objetiva y transparente, coincidieron los diputados Aracely Damián (Morena) y Víctor Sánchez (Movimiento Ciudadano), quienes integran la comisión legislativa para coadyuvar en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala.

En entrevistas por separado, ambos legisladores cuestionaron el contenido del informe de la PGR y, sobre todo, acusaron a la administración federal de pretender torcer las pesquisas y resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), porque sus conclusiones no convienen al interés de la administración federal.

Actitud autoritaria

La diputada Aracely Damián aclaró que el rompimiento entre el GIEI y la PGR obedece a la diligencia del tercer peritaje de Cocula. “Lo cierto es que el gobierno actuó incorrectamente. Sorprende que no se hayan presentado antes los resultados de ese tercer peritaje a los padres. Ese era el acuerdo primigenio.

El peritaje no liga a los desaparecidos con lo que hay ahí. Esa cifra de las 17 personas nos la dieron a conocer desde las reuniones que tuvimos con la PGR hace varios meses. Ese número desde entonces está vigente, y ahora pretenden encontrar una solución con ese indicio. Presentan un informe a medias. Me parece que el gobierno federal quiere romper con el GIEI, y eso implicaría romper un convenio que suscribió la CIDH. La obligación del Estado mexicano es dar certeza para conocer la verdad.

Con dureza, el diputado Sánchez calificó: observamos una actitud autoritaria, pues la Secretaría de Gobernación, la PGR y el gobierno federal creen que los resultados del GIEI afectan más que ayudar. Se está cuestionando a los expertos internacionales, y prohijando la propuesta parcial y sesgada de la PGR.