Opinión
Ver día anteriorLunes 28 de marzo de 2016Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
 
Desechos tóxicos en la esquina de tu casa
E

n abril de 1998 La Jornada Ecológica estuvo dedicada a denunciar el intento de establecer un Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de los Residuos Industriales (Cimari) en el poblado ejidal San José de la Paila, municipio General Cepeda, Coahuila.

Los textos de José Luis García, Emilio Arizpe, Sonia Ponce y Ana Silvia Arrocha mostraron por qué era un atentado a la salud pública y al medio ambiente y los recursos naturales de ese municipio y áreas vecinas. Además, mostraron que era un negocio en el que tenían intereses funcionarios públicos. En ese entonces a México le urgía contar con sitios idóneos para depositar con seguridad más de 8 millones de toneladas de desechos industriales. Apenas había uno en Mina, Nuevo León, sobresaturado. En cambio, la mayor parte se tiraba a cielo abierto, en barrancas y lechos de los ríos. Por eso la urgencia de establecer un atlas nacional con los lugares que reunieran las condiciones geológicas, climáticas, sismológicas, hidrológicas y ecológicas a fin de poner a buen resguardo la basura industrial peligrosa. Y en algunos casos, establecer plantas de reciclado.

El confinamiento propuesto para General Cepeda no cumplía ninguna de esas condiciones y las empresas involucradas en el proyecto de construcción y manejo tenían negros antecedentes. Contaban, en cambio, con los respaldos federal y municipal y el del entonces gobernador de Coahuila Rogelio Montemayor. A su hermano, Jesús María, se le señalaba como accionista de la empresa que manejaría el Cimari. La población de General Cepeda, los especialistas en el tema y las organizaciones ciudadanas formaron frente común para evitar la construcción del confinamiento y señalaron que era mejor invertir en tecnologías para reducir la producción de residuos peligrosos. Además, las autoridades le mintieron a los ejidatarios en cuyas tierras se ubicaría el Cimari: les dijeron que allí instalarían una industria que traería progreso y bienestar, y que más les valía aceptar la indemnización ofrecida por ellas, pues de todos modos serían expropiadas.

La región donde se localiza dicha comunidad no es adecuada para la ganadería y la agricultura moderna, pero su biodiversidad es muy importante. Se han descrito más 200 especies de flora, 80 de mamíferos terrestres, 27 voladores y más de 200 especies de aves, algunas migratorias.

Tan próspero negocio en un municipio pobre no se llevó finalmente a cabo. Pero ahora lo resucitaron los mismos promotores: Rogelio Montemayor es directivo del Cluster Minero Petrolero, promotor del fracking, y Rodolfo Zamora Rodríguez, entonces y ahora alcalde de General Cepeda. Y le sumaron otro en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.

La respuesta de los pobladores ha sido inmediata. El Comité en Defensa del Territorio en San Luis Potosí y el Colectivo ¡Sí a la Vida!, en Coahuila, publican un manifiesto firmado hasta ahora por más de 20 mil ciudadanos. Entre ellos destacados expertos en el tema. Denuncian las maniobras para instalar esos confinamientos y los problemas que traerán a escalas local y regional. Advierten que los pobladores de ambos lugares han vivido allí durante generaciones en armonía con los recursos naturales y con base en una agricultura y una ganadería de autoconsumo: cabras, lechuguilla, candelilla, orégano, maíz, frijol, principalmente; han sido los mejores guardianes del patrimonio biocultural, base de su sustento e identidad.

Agregan cómo la estrategia empresarial ha sido la misma que en otros sitios: engaños, amenazas, división de la comunidad, falta de transparencia, corrupción y complicidad con funcionarios e instituciones gubernamentales. Se refieren a la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en Coahuila, propiedad de Daniel Calvert, y al Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, en San Luis Potosí, de José Cerrillo Chowell. Estas empresas son las que pretenden trasladar cientos de miles de toneladas de basura tóxica a las citadas comunidades, que estarían por décadas obligadas a convivir con desechos que nadie querría tener al lado de su casa. Con el apoyo ciudadano será posible evitar que eso ocurra.