El juez federal Martín Santos se negó a imponer una fianza monetaria a la empresa Caze y ordenó al gobierno federal dar cumplimiento al amparo otorgado la semana pasada por el mismo juez, mediante el cual se da por terminada temporalmente la venta de los ingenios Emiliano Zapata y Casasano la Abeja.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) emitió en junio de 2015 la licitación por la que Grupo Beta San Miguel compró los ingenios por mil 308 millones de pesos.

Ante la orden de la semana pasada, el SAE solicitó al juez fijar una garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión, otorgada en favor de Caze (que era dueña de los ingenios) por un tribunal colegiado.

En diciembre pasado, el juez Martín Santos fijó a la empresa Caze una garantía de mil 200 millones de pesos para mantener vigente una suspensión que frenaba la segunda subasta de los que fueran sus ingenios, cantidad que la empresa no pudo aportar, por lo que la venta siguió adelante.

Caze interpuso una nueva demanda de amparo y en esta segunda ocasión el juez consideró que no tiene facultades para fijar una garantía, pues lo único que está haciendo es ejecutar en sus términos la sentencia del tribunal colegiado.

En su sentencia de suspensión, el juez Santos resolvió que al momento de resolver el incidente en revisión la superioridad (el tribunal colegiado) asumió plena jurisdicción; ello es así, en virtud que decidió conceder la suspensión definitiva; en consecuencia deberá estarse a lo ordenado en proveído de 8 de febrero, en que se requirió el cumplimiento de la suspensión definitiva sin exigir garantía.

En caso de que el SAE no cumpla la orden del juez Santos, estaría cometiendo el delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo, que castiga con tres a nueve años de cárcel el desacato a una suspensión.