Las causas del levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente; el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir herramientas jurídicas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, consideró el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz.

El próximo 16 de febrero se cumplirán 20 años de la firma del documento, cuando después de más de un año de encuentros y desencuentros se concretó el primer acuerdo de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal en materia de derechos y cultura indígenas. Ese tema era el primero de la agenda acordada por las partes; faltaban por discutir cinco: democracia y justicia, bienestar y desarrollo, la mujer, la reconciliación en Chiapas y el acuerdo final de paz.

La iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena, derivada de dichos acuerdos, fue redactada en San Cristóbal de Las Casas por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), en noviembre de 1996.

Martínez Veloz, integrante de aquella primera Cocopa, puntualizó en entrevista que la reforma constitucional en materia indígena aprobada en 2001 excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos acordados en San Andrés. El no cumplimiento de estos pactos ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.

–Sectores de la política y de la economía se afanan en minimizar los efectos del deterioro histórico en las comunidades indígenas.

–Los datos del Coneval expresan que los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, sólo muestran resultados. En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta el Coneval: 73.2 por ciento de la población indígena vive en pobreza.

En los pasados 20 años, el salario mínimo real tuvo un decremento de 27 por ciento, y las fortunas de las nueve familias más ricas del país han crecido casi 10 veces entre 1996 y 2014, al pasar de un total de 13 mil 300 millones de dólares en 1996 a 131 mil 700 en 2014. ¡Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza sin pagar las consecuencias!

–Los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materia económica y social, a pesar de los enormes presupuestos que se les etiquetan.

–El incremento de recursos financieros a este sector no ha influido en la disminución de sus niveles de pobreza, porque ahí reside la necesidad de entender que enfrentar este grave problema no es sólo un asunto presupuestal. Requiere abordarse en el contexto económico y jurídico en que se produce, que permita incorporar los derechos de los pueblos indígenas excluidos hasta hoy, para que puedan ser ejercidos a cabalidad.

–¿Existen alternativas a la grave situación que viven los pueblos indígenas?

–En la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, celebrada en la ONU en septiembre de 2014, el Presidente planteó la necesidad de armonizar las leyes nacionales, siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en consulta con las comunidades originarias, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro.