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Es una vergüenza que la Corte viole la progresividad de los derechos humanos: ANAD

Llevarán a la CIDH el fallo de no pagar 100% de salarios caídos en despidos injustificados
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de enero de 2016, p. 11

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar y tratar de revertir la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la reducción en el pago de los salarios caídos de los trabajadores por despido injustificado.

En conferencia de prensa, los abogados Óscar Alzaga Sánchez y María Luisa Campos Aragón criticaron duramente la reciente resolución adoptada por los ministros, pero advirtieron que no es la primera vez que dicha instancia actúa en contra del principio de progresividad de los derechos humanos. Citaron casos en temas de vivienda y sobre tiempos de juicios laborales.

Con esta decisión, dijeron, se abarata el despido, se premia a los patrones y se castiga a los trabajadores, además de que se lesiona gravemente a los trabajadores en sus derechos esenciales: la seguridad en el empleo, el salario diario y los salarios vencidos, ya que son tres derechos indivisibles.

A nombre de la ANAD, ambos abogados afirmaron que es de vergüenza la interpretación que los ministros hicieron de la ley, y de atreverse a señalar que su decisión no trasgrede el principio de progresividad de los derechos humanos.

El pasado 20 de enero, con una votación dividida, los ministros de la segunda sala de la SCJN resolvieron una contradicción de tesis, en la que avalaron el artículo 48 de la reforma laboral sobre el pago de salarios caídos de trabajadores despedidos injustificadamente.

Hasta antes de esta reforma, el patrón debía pagar 100 por ciento de los salarios caídos, al finalizar el juicio. Ahora deberá pagar la totalidad durante el primer año del proceso legal, y de esa fecha en adelante y por todo el tiempo que dure el litigio sólo pagará 2 por ciento mensual capitalizable, es decir, 24 por ciento anual e intereses. Los juicios laborales por este motivo llegan a tardar 4 años 8 meses, en promedio, según cifras oficiales.

Ni siquiera es necesario ser abogado para entender que esta decisión de los ministros destrozan los derechos humanos de los trabajadores, dijo Óscar Alzaga, quien señaló que la Suprema Corte se ha manifestado claramente en favor de los patrones y en contra de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.

Incluso, señaló que este tipo de decisiones contrarias al interés general se debe, en el fondo, a la forma en que se elige a los ministros, en la que el Congreso sólo avala las ternas presentadas por el Ejecutivo federal en turno.