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La otorgó antes de conocer la manifestación de impacto ambiental del prpyecto: activista

Ilegal, autorización de la Semarnat para vertedero industrial entre Zacatecas y SLP
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Habitantes de la comunidad La Victoria, municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, rechazaron la construcción de un confinamiento de desechos industriales, durante una reunión efectuada el fin de semana con directivos y técnicos de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, en Mazapil, ZacatecasFoto Alfredo Valadez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de enero de 2016, p. 28

Zacatecas, Zac.

Los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que otorgaron la manifestación de impacto ambiental (MIA) para un confinamiento de desechos peligrosos tóxicos en el rancho Palula –en los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí– violaron el procedimiento previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa) de esa dependencia, aseguró Juan José Hernández Estrada, integrante de la asociación Pro San Luis Ecológico.

Sostuvo que el confinamiento no se anunció como tal desde el principio. “Tres funcionarios del ayuntamiento saliente de Santo Domingo, San Luis Potosí, dieron un permiso de cambio de uso de suelo, no para un confinamiento, sino para un ‘proyecto sustentable de manejo de materiales industriales’, que tendría que ver con procesos que supuestamente beneficiarían a la flora y la fauna”.

Acotó que los funcionarios de Santo Domingo otorgaron el permiso sin conocer la MIA, que se otorgó después. Y tenía que ser al revés: primero la Semarnat debió haber estudiado, revisado y aprobado la MIA que hizo la empresa, y no se hizo. Es contradictorio: primero dieron el cambio de uso de suelo y después expidieron la MIA.

El sacerdote Gustavo Alfonso Tapia Pérez, de Santo Domingo, lamentó que los propietarios del rancho Palula traten a esta gente como si su tierra no sirviera para otra cosa más que para colectar desechos. Esta tierra es productiva para la ganadería y la agricultura.

Tapia Pérez y Hernández Estrada acudieron a una accidentada reunión de la comunidad Pozo de San Juan, municipio de Mazapil, Zacatecas, por donde cruzará la carretera que comunicará la autopista Zacatecas-Saltillo con el vertedero tóxico en tierras potosinas. Hernández Estrada lamentó que no pudo participar en la asamblea porque un grupo que apoya el proyecto la reventó.

Posiblemente un campesino o un ganadero no tenga formación científica o académica, pero son personas inteligentes, con lógica, que captan que detrás de esto hay algo que no está bien, señaló el cura.