Arturo Escobar y Vega fue subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG) sólo 78 días y, desde esta semana, deberá enfrentar una acusación por delitos electorales.

En el Palacio de Covián la noticia cayó de sorpresa. Funcionarios de la dependencia se enteraron el miércoles de la solicitud de orden de aprehensión en contra de Escobar, formulada ante un juez por la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Mientras el escándalo resonaba en la prensa, el hasta ese momento subsecretario acudió a la SG para solicitar licencia por 10 días, pero se le indicó que esa figura no existe en la administración pública, por lo que necesariamente tenía que renunciar. Minutos después publicó en Twitter una carta de tres párrafos en la cual notificó su separación del cargo.

El titular de la Fepade se manejó (actuó) solo. La procuradora (Areli Gómez) se había resistido a preservar ese nombramiento, pero no tuvo opción más que acatarlo. El fiscal (Santiago Nieto) armó el expediente de Escobar y lo hizo público hasta el miércoles. Fue una sorpresa para todos, dijo a La Jornada un alto funcionario federal.

Algunos integrantes del primer círculo de Gobernación ubican al titular de la Fepade como un personaje más cercano al PAN, pero aceptado por el presidente Peña Nieto. Así lo expresan.

Lo cierto es que el PAN fue el primero que se adjudicó, la noche del miércoles, la paternidad de la denuncia interpuesta en la Fepade contra el ahora ex subsecretario y ex vocero del Partido Verde.

Pese a esa percepción, en las horas cruciales del caso, funcionarios de Bucareli tampoco salieron a la defensa de quien hasta ese momento era su compañero.

La noticia aún no está confirmada y, de ser cierta, Gobernación no tiene nada que ver con un procedimiento iniciado en la Fepade; quizá sólo se pediría un proceso justo, indicó uno de ellos.

Otro señaló que si bien hubo sorpresa, la renuncia de Escobar abría también la oportunidad de recomponer la subsecretaría responsable de operar el principal programa federal de prevención del delito.

El 20 de octubre pasado, Arturo Escobar comentó en entrevista que no renunciaría al cargo al cual lo invitó directamente el presidente de la República.

Voy a evaluar el impacto de los programas (antidelito)... también habrá algo de reducción en las colonias atendidas... el programa está en las 32 entidades y busco que se reduzcan los menos polígonos posibles para evitar eliminar municipios... me estoy poniendo de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para coordinar recursos asignados para la prevención del delito y de esa forma hacer frente al recorte de 600 millones de pesos en el presupuesto para 2016... voy a hacer, como nunca se ha hecho, el trabajo intersecretarial, era el recuento de planes de un novel funcionario público. Su primera vez en la administración pública le duró menos de tres meses.

La noche del martes pasado, justo cuando la Fepade entregaba a un juez el legajo de su investigación –y la solicitud de orden de aprehensión–, Escobar se hallaba en el hotel Cristal de Paseo de la Reforma, donde se realizó la sesión del consejo político nacional de su partido. El votó, como consejero, para la designación de su sucesor en la dirección del Verde.

Hasta anoche, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SG se hallaba acéfala y tampoco había visos de quién sería el encargado de despacho.