La búsqueda de recursos para levantar obras de infraestructura, pavimentación y servicios básicos en cientos de municipios del país no sólo resulta tortuosa para alcaldes y representantes de los gobernadores de los estados en su trato con los legisladores.

Ahora también deben enfrentar el chantaje y las corruptelas de los empleados de resguardo (seguridad) en San Lázaro, quienes exigen 500 pesos por expediente de solicitud de recursos para obra que ingrese al recinto legislativo.

Alcaldes provenientes de los estados de Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Zacatecas recurrieron a diputados para denunciar la extorsión de que fueron objeto en el principal acceso al Palacio Legislativo. Hubo presidentes municipales que trasladaban hasta 10 proyectos, y por ellos se les cobraron 5 mil pesos.

Los trabajadores de resguardo en la Cámara –que día a día han crecido en número hasta sumar 250– están a cargo del comandante de la policía judicial Ramón Mancilla Maceda.