i en materia de seguridad y justicia se ha fallado durante 20 años, si Zedillo, Fox, Calderón y Peña con sus propósitos limitados y desarticulados fracasaron, ¿por qué seguir en lo mismo? Me refiero a darse topes contra la pared. Si el objetivo y el éxito nacionales contra el crimen radican en encarcelar a La Tuta, ¡pues ya estuvo! Si de lo que se trata es de devolver a la sociedad la paz social que un día tuvo, hay que cambiar la vista a otros derroteros.
Tres factores sustentan la necesidad de buscar nuevos senderos: la debilidad política y estructural del gobierno, su incapacidad ejecutiva y la complicada situación de inseguridad, y los tres factores son incontrovertibles. Otros países que enfrentan situaciones aún más graves están aplicando desde hace tiempo respuestas más elaboradas que el simple choque directo: Colombia padece guerrilla desde hace 60 años y delincuencia; Perú enfrentó al terrorismo maoísta de Sendero Luminoso desde 1980, pero los dos países encaran sus conflictos con modelos renovados: la seguridad ciudadana.
Seguridad ciudadana es un bien política y jurídicamente válido, que engloba derechos de las personas como comunidad. Supone una respuesta mejor que la fallida seguridad pública gubernamental. Se define como la convivencia pacífica en una comunidad que se encuentra amenazada por tensiones y conflictos que generan de su parte conductas violentas que han surgido por diferentes causas.
Una es la pobreza de valores, que ha sido generada por la insalud, pobreza, marginalidad, mala educación, desempleo, drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, pérdida de confianza en el otro, etcétera. Entonces la premisa a observar es irrebatible: la vida colectiva nacional en cualquiera de sus modos de expresión necesita de un nuevo orden.
En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sacado ronchas al gobierno federal, sostiene que los estados deben encontrar respuestas a los problemas de la violencia en el contexto de los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho, que es universalmente aceptada, es incontrovertible.
Aceptado así, el problema es conciliar las acciones preventivas y persecutorias del Estado con el respeto a la integridad de los ciudadanos y con dar espacios a la sociedad en compromisos puntuales. La sola fuerza del Estado sin controles y contrapesos acaba por generar consecuencias destructivas, lo que para México es evidente. Controlar esa fuerza es un reto que demanda de un cambio cultural para los cuerpos que en ello participan, tropas y policías, que no están hechos de esa manera.
Esa es la esencia de nuestros males que el gobierno de Peña no quiere reconocer decidiéndose a: 1) sumar a la sociedad capitalizando la dinámica comunitaria; 2) recrear cada pieza del aparato de seguridad y justicia y organizar el rompecabezas presente. Todo esto no se logra anunciando decálogos. Urge crear una cultura de respeto a las leyes por parte de la comunidad y de su participación activa en su fortalecimiento. ¡Sin sociedad no se irá a ninguna parte!
Es necesario acudir a la ciudadanía, la que ante la falta de respuesta oficial ya está organizándose por lo menos en tres extremos: las policías privadas y de seguridad personal, las guardias comunitarias y tomar la justicia por sí. Las primeras responden siempre a intereses privados e individuales, no tienen propósitos altruistas. Las segundas, que surgieron de la desesperanza pública, fueron engañadas, manipuladas, sujetas a abusos y en casos encarceladas. No se les supo sumar. La tercera toma ejemplo en el linchamiento en Puebla.
Se plantean dos líneas que no atenderá Peña Nieto: 1) convocar vigorosamente, ejemplarmente, a la sociedad a cohesionarse, a hacerse cargo de la parte que les corresponde del esfuerzo mediante cambios de conductas de participación ofreciéndole los instrumentos; 2) ordenar, jerarquizar, responsabilizar, coordinar y exigir cooperación a esa madeja de instituciones que hoy conviven y actúan a su voluntad porque carecen de un marco ordenador que a ellas no corresponde aplicar.
La seguridad ciudadana involucra la aplicación de una política pública aglutinante por lo menos de los conceptos siguientes: considerar prioritariamente a menores y jóvenes; estimular la prevención de la violencia intra-familiar, evitar la violencia sexual y de género; impugnar la discriminación, apoyar a las actividades grupales de la comunidad como escolares, deportivas, religiosas, ofrecer mecanismos de denuncia delictiva, la creación de observatorios sociales a través de ONG y mucho más.
El clima de escepticismo y desconfianza en que vivimos hace que estas ideas sean vistas como utópicas. En la realidad no lo son: bastará con conocer los avances que se tienen en otros países. Que se propone como un tema ambicioso y sólo de mediata realización, sí. Llevamos en el mejor de los casos 20 años de retraso. El reto es aceptar la magnitud del abismo en que nos encontramos y del que estamos dispuestos a salir. Para Peña es su reto mayor. ¡No lo asumirá!
Usaré las lecciones de Colombia
: Enrique Peña Nieto, La Jornada, 5/7/12
