En una orden de visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de impuestos al comercio exterior, la autoridad está facultada para tomar muestras de mercancía de difícil identificación para determinar si corresponde a lo declarado en el pedimento de importación respectivo, sostiene el proyecto de dictamen que revisará la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La resolución, que se prevé sea aprobada por la sala en fecha próxima, propone negar el amparo a una empresa que impugnó diversos artículos de la Ley Aduanera y del Código Fiscal de la Federación.

El documento, que fue aplazado en la sesión del pasado miércoles, plantea validar el crédito fiscal por cuotas compensatorias omitidas e impuesto al valor agregado (IVA), actualizaciones y recargos por 182 millones 32 mil pesos contra la empresa Válvulas Worcester de México SA de CV.

De acuerdo con el expediente de la causa, al cual tuvo acceso este diario, la sanción impuesta por la autoridad hacendaria ya fue validada por un juzgado de distrito y un tribunal colegiado, en sendas sentencias, al considerar que se justifica, porque la autoridad fiscal encontró diferencias entre la documentación que entregó la empresa y las muestras que fueron tomadas durante la visita domiciliaria, las cuales fueron analizadas en un laboratorio especializado.

Fuentes judiciales confirmaron que en la última versión del proyecto de dictamen ya no se hace referencia a una relación entre el cateo y la visita domiciliaria, porque aún y cuando en ambos casos se trata de una intromisión legal a una propiedad privada, objetivos y fines son totalmente distintos.

En este asunto, la empresa quejosa considera que el Código Fiscal y la Ley Aduanera son inconstitucionales, porque permiten a la autoridad ingresar al domicilio del contribuyente y efectuar la toma de muestras inciertas en determinados casos y supuestos.

Sin embargo, el documento señala que la propia Constitución contempla la posibilidad de que “dentro de la intromisión legal del domicilio de los particulares, la autoridad puede tomar aquellos objetos descritos en la orden, relacionados con la comisión de un delito, sean papeles, mercancías o muestras.

El proyecto señala que la Carta Magna delega en la legislación secundaria las características que deben cumplir las visitas domiciliarias, las cuales valida el proyecto. De acuerdo con el expediente, la empresa cuestiona la legalidad de la visita domiciliaria en la que la autoridad tomó tres muestras de válvulas de bola y partes para válvulas para enviarlas a un laboratorio especializado.

Derivado del análisis, fue que el 7 de mayo, las autoridad fiscal emitió la resolución referida, la cual será resuelta en definitiva por el máximo tribunal.