Colima, Col.

Directivos de la empresa minera Peña Colorada otorgaron el perdón a 33 ejidatarios acusados de causar disturbios y privar de la libertad a tres empleados del consorcio el pasado 22 de julio, cuando un grupo de más de 300 indígenas del ejido Ayotitlán (Jalisco) acudieron a la mina, ubicada en el municipio colimense de Minatitlán, para exigir el pago de mil millones de pesos por el uso de mil 200 hectáreas.

Marcos López González, representante de la Secretaría General de Gobierno, indicó que Peña Colorada otorgó el perdón como cuestión jurisdiccional previa a un acuerdo con los ejidatarios que reclaman pago de arrendamiento de sus tierras.

Aseguró que automáticamente se levantarán los cargos imputados a los campesinos en el proceso penal 142/2015: sin embargo, dijo desconocer si los agricultores se desistirán de interponer un amparo.

Durante la protesta en la mina, policías estatales detuvieron a 34 personas por presunto daño en propiedad estatal. Después, el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, otorgó el perdón a los involucrados y sólo faltaba el perdón de la empresa para que los ejidatarios dejaran de acudir a firmar al juzgado de lo penal en el Centro de Readaptación Social de la capital de Colima.

En tanto, el juzgado primero de distrito con sede en Colima concedió un amparo contra el auto de formal prisión a Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, defensor de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien sigue preso.

Mosqueda Sánchez fue detenido a finales de julio con los 33 campesinos indígenas, pero el gobierno de Colima no le otorgó el perdón y lo acusa de secuestro, daño a propiedad del estado y despojo.

Autorización apócrifa

El cabildo de La Paz desconoció la autorización del cambio de uso de suelo otorgada por el anterior cuerpo edilicio para el proyecto Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, informó el presidente municipal panista Armando Martínez Vega.

El documento, firmado por la mayoría de los integrantes del anterior cabildo, no es válido porque no cumplió el procedimiento legal, explicó.

No todos los regidores fueron notificados sobre la sesión en que se acordó la autorización; no existe un acta donde conste la participación de los ediles, acta en libros del cabildo ni notificación al gobierno del estado para la publicación del acuerdo en el boletín oficial, por lo que se trata de un documento apócrifo que ya fue desconocido en la primera sesión del cabildo en funciones.

Expresó que el ayuntamiento rechaza la autorización del cambio de uso de suelo porque se trata de una zona de recarga de acuíferos para el municipio.

Consideró que si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o cualquier otra dependencia federal aprueban la explotación minera en esa zona no es tema del ayuntamiento, pero sí lo es el cambio de uso de suelo, que no se dará a ningún proyecto de minería tóxica.

El 21 de septiembre, a una semana del cambio del gobierno municipal, en sesión privada, el anterior cabildo, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo en 18 predios de la empresa Desarrollos Zapal, del grupo Invecture, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.