El caso de varios funcionarios públicos despedidos en el sexenio pasado llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Secretaría de Gobernación (SG) solicitó la intervención de los ministros, como vía para no pagar salarios caídos al personal de confianza, pese a que el Tribunal de Conciliación y los tribunales colegiados acreditaron que los despidos fueron injustificados.

La dependencia sólo admite pagar indemnización (tres meses de sueldo), pero no salarios caídos, con el argumento de que los empleados de confianza no tienen estabilidad laboral.

Carlos Sánchez, abogado del ex director de Recursos Materiales de la SG, Jorge Javier Ramos Negrete, dijo que están ante un caso de vulnerabilidad de seguridad jurídica, una clara violación a la ley y la primacía del poder político sobre el constitucional.

Lo más grave, añadió, es que los ministros estarían enviando a los patrones, en este caso a la SG, el mensaje de que pueden ejecutar despidos injustificados y otras violaciones a los derechos laborales y humanos, al fin que en la Corte les atemperan los efectos.

Algunos despidos ocurridos en la SG durante el sexenio pasado, específicamente de 2009 a 2012, fueron documentados por este diario, como la edición del 1º de marzo de 2012, cuando se dio cuenta del despido de altos funcionarios, como Ramos Negrete, quien tenía una historia laboral y de militancia panista de más de 20 años.

El afectado dijo que en Bucareli se pretendía colocar en puestos estratégicos a ciertas personas para tener libre acceso a fondos presupuestales en plena época electoral. Por los hechos, varios presentaron denuncias y demandas, no sólo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sino ante la Secretaría de la Función Pública.

En cuanto a lo laboral, los empleados ganaron todas las instancias, pero sus expedientes fueron turnados a la SCJN, donde –dijo Sánchez– sólo deberían admitirse, en amparo directo en revisión, aquellos en los que se presuma resolución judicial inconstitucional, cuando se someta a interpretación una norma constitucional o ante un asunto de importancia y trascendencia y sobre el que no exista jurisprudencia de la Corte.

Sin embargo, en este caso sí hay jurisprudencia de la Corte, la cual reconoce la posibilidad de indemnizar a un trabajador de confianza si la ley establece derechos de mejor calidad a los que prevé la Constitución.

El asunto fue agendado para la sesión del pasado 2 de septiembre, pero finalmente no se desahogó. La SCJN publicó el sentido del fallo y era contrario al trabajador. Ahora el asunto 1744/15 fue enrolado para el 14 de octubre.

El litigante indicó que hay cuatro ministros muy identificados con perfiles del gobierno Eduardo Medina Mora (quien tiene el expediente 1744), Franco González Salas, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ellos no deberían entrar al tema pero lo hacen en una clara tendencia de favorecer a Gobernación, a pesar de que las normas del derecho del trabajo señalan que sólo se pueden suplir aquellas deficiencias en favor de los trabajadores, nunca de los patrones.