A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y más aún con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en 2013, barras y colegios de abogados, así como académicos de universidades públicas y privadas han puesto en práctica los alcances de la reforma y, al menos en dos casos, han obtenido el amparo para proteger a indigentes que no tenían casa, comida ni servicios médicos. En un tercer caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció esta semana su facultad de atracción para fijar criterios en ese tipo de amparos.

La reforma constitucional y legislación de amparo permite a los gobernados presentar el recurso por omisiones de las instituciones, y no sólo por acciones que afecten a los individuos.

En uno de los casos, La Jornada posee copia del amparo definitivo que una juez en materia administrativa otorgó a Ricardo Farías, el primer indigente que demandó al Estado mexicano por no garantizar sus derechos humanos más básicos.

Ha lugar a la protección de la justicia federal solicitada por el quejoso por la omisión de las autoridades que no han otorgado servicios básicos de salud, alimentación y vivienda, refiere la resolución del juicio de garantías 1494/2011.

Enrique Carpizo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha dicho en diversas entrevistas que el verdadero litigio de un proceso de amparo (de esta naturaleza) empieza en su ejecución.

Y añadió que en el caso específico de Farías tuvimos varios problemas: el primero fue porque las autoridades responsables no tenían un método idóneo para proceder; la juez no nos creía, pensaba que era una broma, y las autoridades fueron totalmente indiferentes.

Caso similar es el del indigente Pedro Pablo Ramírez, El Chino, cuyo amparo fue tramitado por el Frente Constitucionalista Colegio de Abogados. Al quejoso se le concedió el amparo de la justicia federal para efectos similares al de Farías.

Sin embargo, en el caso de El Chino, las autoridades han sido reticentes a cumplir con la sentencia de amparo.

Lo que comenzó como proyecto académico, enfocado a que quede demostrado si la Constitución se cumple a cabalidad o es un listado de derechos que en su mayoría quedan en letra muerta, ya está ahora en manos de la Corte.

Esta semana la SCJN ejerció su facultad de atracción para resolver un amparo que busca obligar al Estado a proveer salud, vivienda, trabajo y otros servicios básicos a un indigente que desde hace 20 años vive en un parque de Guadalajara.

La segunda sala de la Corte aceptó la petición de un tribunal federal para atraer el amparo promovido por estudiantes de la maestría de derecho de la UdeG en favor del indigente Gerardo Martínez, El Barrabás.

Según fuentes del Poder Judicial Federal, el caso permitirá a la Corte fijar criterios jurídicos novedosos sobre el alcance que tienen las obligaciones del Estado para garantizar ciertos derechos humanos previstos en la Constitución, que no siempre se pueden concretar por razones económicas, sociales y hasta ­personales.

En este tercer caso, fueron estudiantes de la maestría en derecho de la UdeG quienes promovieron en 2012 el juicio de amparo indirecto para conseguir que el gobierno del estado de Jalisco atendiera necesidades básicas de El Barrabás.