Política
Ver día anteriorJueves 3 de septiembre de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Los casos de Ayotzinapa, Chilapa y Tlatlaya son brevemente mencionados en el Informe

En 2015 el gobierno ha destinado $12.5 millones a víctimas de delitos federales

Elaboran anteproyecto de iniciativa de ley para regular el Sistema Nacional de Inteligencia

 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de septiembre de 2015, p. 14

El caso Ayotzinapa tiene un saldo hasta ahora de 180 víctimas directas e indirectas. Un centenar son integrantes o familiares de futbolistas del club Los Avispones, afectados colateralmente por el ataque a normalistas.

Los hechos ocurrieron hace casi un año, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Ayotzinapa es mencionado brevemente en el apartado de atención a víctimas del tercer Informe del presidente Enrique Peña Nieto.

Según este recuento se asegura que la Secretaría de Gobernación mantiene presencia permanente en Iguala y realizó una intervención conjunta con la Procuraduría General de la República para concretar un programa de atención a víctimas.

También se alude en un par de renglones al caso Chilapa (donde hay secuestros y desaparecidos), así como el de Tlatlaya. En este último expediente se han registrado 93 víctimas y se continúa con el análisis de los casos restantes.

De enero a junio de este año se han ejercido, del fondo de ayuda y reparación del daño, 12.5 millones de pesos en favor de medio centenar de víctimas de delitos federales. Aquí se incluyen 500 mil pesos de rembolsos por gastos funerarios.

La mayor parte de los recursos, 12 millones, están en el concepto de compensaciones como parte de la reparación integral del daño, por violación a derechos humanos cometidos por autoridades federales, a tres víctimas directas y 16 indirectas.

En tanto, el registro nacional de víctimas tiene hasta ahora casi 3 mil nombres.

En otro tema vinculado a la gobernabilidad, se destaca la construcción de un anteproyecto de iniciativa de ley para regular el Sistema Nacional de Inteligencia.

El objetivo es fusionar las tareas e información especializada en asuntos militares, criminales, de prevención del delito, epidemiológica, financiera, económica, sanitaria, fiscal, entre otras, para atender de forma integral y oportuna los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

Un tópico de análisis es la incidencia delictiva, en particular la organizada. Por ejemplo, el Ejército reportó 416 misiones de vigilancia y reconocimiento aéreo para localizar pistas clandestinas.

En el informe presidencial se menciona el fortalecimiento de los grupos de coordinación –en los tres niveles de gobierno– para generar inteligencia; igualmente se reporta la elaboración de una agenda nacional de riesgos para 2015.