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Liberación de presos políticos requeriría una reforma federal, advierten a sus familiares

Discutirán hoy ley de amnistía para Guerrero
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Familiares de presos politicos y representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales se presentaron en el Congreso de Guerrero para demandar que se apruebe la Ley de Amnistía que beneficiaría a unos 60 activistasFoto Sergio Ocampo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de agosto de 2015, p. 28

Chilpancingo, Gro.

El Congreso local responderá hoy a familiares de presos políticos que exigen que se apruebe la Ley de Amnistía propuesta por el gobernador Rogelio Ortega Martínez, la cual beneficiará a unos 50 guerrerenses recluidos en diversos penales del país.

De acuerdo con Ortega Martínez, los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC) que se hallan presos fueron encarcelados de manera injusta. En entrevista, se refirió a los casos de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui. Dijo esperar sean liberados antes de que termine su administración, el 27 de octubre.

Parientes de policías comunitarios y dirigentes sociales encarcelados llegaron ayer temprano al Congreso estatal.

El ex preso político Bertoldo Martínez Cruz consideró aberrante que el gobierno encarcele luchadores sociales y reprochó al Congreso local por dar largas a la Ley de Amnistía. El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero recordó que en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, 36 personas que protegían los bosques, entre ellas la lideresa Juventina Villa, han sido asesinadas en los seis años recientes, y sobrevivientes de los ataques tuvieron que huir. A una de estas personas (no la identificó) le mataron a un familiar y ahora se encuentra encarcelada en forma injusta, dijo.

Martínez Cruz también se refirió al caso del dirigente social Máximo Mojica, quien junto con su esposa fue capturado hace ocho años en el municipio de Tecpan de Galeana por presuntos miembros de la delincuencia organizada, quienes los entregaron a la policía ministerial para fabricarles delitos por los cuales fueron sentenciados a 107 años de cárcel.

Jorge Marchán, diputado del Partido del Trabajo, respondió a los familiares de los presos políticos que la Ley de Amnistía que les envío el gobernador tiene fallas jurídicas, debido a que muchos de los reos son acusados de delitos del fuero federal. Si el Congreso del estado aprueba una Ley de Amnistía, el Congreso de la Unión deberá aprobar una federal, consideró.

Bernardo Ortega, presidente de la comisión de gobierno del Congreso de Guerrero, se comprometió a que la Ley de Amnistía estatal se aprobará antes de que termine su periodo, en septiembre.