La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes su segundo periodo de sesiones del año en curso, que será el último en el que participen los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero, quienes se retiran el próximo 30 de noviembre.

Silva y Sánchez permanecieron 20 años en la Corte.

Durante la sesión de ayer, el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, enlistó los pendientes que tiene el máximo tribunal para los próximos cinco meses, entre los que destaca una acción de inconstitucionalidad relacionada con la invalidez en el estado de Campeche de la prohibición absoluta de personas unidas en sociedad de convivencia para adoptar menores de edad o compartir la patria potestad o la custodia de los mismos.

La Corte también revisará una acción de inconstitucionalidad en la que se analizará la validez del nuevo sistema de financiamiento de las pensiones de los burócratas del estado de Veracruz.

Además resolverá en este periodo cuatro incidentes de inejecución de sentencia en los que se determinará si procede la separación del cargo de igual número de funcionarios del estado de Morelos.

Otros temas que serán resueltos son 20 acciones de inconstitucionalidad en las que se controvierten leyes electorales de diversos estados, entre ellos Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En noviembre se retirarán Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero

Según informó el ministro Aguilar, en este segundo periodo de sesiones también se revisarán acciones de inconstitucionalidad que implicarán reservar el ámbito competencial de la Federación para regular aspectos de la materia procesal penal.

Asimismo, serán examinados un centenar de amparos en revisión en los que se analizará la probable inconstitucionalidad de diversas limitaciones establecidas por el Congreso a las deducciones de los gastos realizados por los contribuyentes del impuesto sobre la renta, respecto de sus trabajadores, uno de los temas más polémicos de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto que derivó en miles de amparos en los tribunales.

Un tema de suma importancia que revisará la Corte es el relacionado con los alcances y limitaciones de la nueva Ley de Amparo vigente desde abril de 2015, ya que en casos como el amparo adhesivo, la legitimación procesal de quejosos mediante interés legítimo y derechos difusos o colectivos han ocasionado muchos dolores de cabeza a los juzgadores.

Se revisará también el tema de la supuesta actividad monopólica en el transporte de combustible que algunos empresarios peticionarios de amparo aducen en sus demandas, así como la supuesta inconstitucionalidad en la llamada contabilidad electrónica y la obligación de los bancos e instituciones de crédito de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) datos fiscales de sus cuentahabientes.