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Alargaría el proceso de uno a tres meses: organizaciones y colectivos sociales

Piden a la PGR que no recurra el amparo por el que se ordena liberar a activistas

Los jóvenes Bryan Reyes y Jacqueline Santana fueron acusados de robar $500 a una policía

 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 13

Diversas organizaciones y colectivos sociales y los abogados de Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Selene Santana López –jóvenes activistas detenidos desde hace ocho meses por presunto robo de 500 pesos a una policía federal– exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a no interponer el recurso de revisión del amparo que otorgó un juez ordenando su libertad absolutoria.

De hacerlo, sería una decisión de carácter político y no jurídico, en la que se enviaría un claro mensaje del gobierno de que la protesta social y pacífica se castiga con la cárcel, señalaron los abogados Sergio Soto y Armando Miranda.

En caso de que el Ministerio Público Federal interponga este recurso de revisión del amparo concedido por la juez novena de distrito en materia penal, María Catalina de la Rosa Ortega, con la actual carga de trabajo en los juzgados, el proceso se alargaría de uno a tres meses más, cuando los jóvenes podrían quedar libres a partir del décimo día hábil, plazo en que causaría ejecutoria dicha sentencia.

En conferencia de prensa, acompañados por familiares de los dos jóvenes, los abogados apelaron a la buena fe de la PGR para que actúe en términos de la sentencia de amparo, que está debidamente fundada y motivada, además de que técnica y jurídicamente es impecable y se reconoce la justicia en el cuerpo de la misma.

En caso de que esto no ocurra estaríamos abiertamente frente a una política punitiva del Estado mexicano, que utiliza y hace uso de las leyes para retrasar de manera indebida e innecesaria la libertad de personas a quienes notoriamente se les fabricó un delito, dijo el abogado Jorge Miranda.

Además, señaló que con ello se estaría enviado un mensaje de que no puede cuestionarse a las instituciones, y a los jóvenes y al pueblo en general, de que la protesta social es castigada con la cárcel.

En el amparo, que llevó casi siete meses en llegar a esta instancia, la juzgadora De la Rosa Ortega ordena la liberación de los detenidos, tras concluir en el análisis de las pruebas que no hay elementos para procesar, derivado de las pruebas periciales, pero también de las incongruencias y contradicciones de la parte acusadora, integrada por varios policías federales, pertenecientes al área de inteligencia y operaciones encubiertas.

El exhorto a la procuraduríaPGR para que se desista de interponer el recurso de revisión del amparo lo suscriben la Liga de Abogados Primero de Diciembre, la Asamblea de Comunidad de Artistas, Despertando a México Films, Conciencia Proletaria, Ex integrantes del Consejo General de Huelga 1999-2000 y Colectivo Rebelde, entre otros.