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Orden ejecutiva del estadunidense carece de valor en el país andino, dice tribunal supremo

Obama vulnera derechos al declarar a Caracas un peligro: justicia venezolana

Sanciones impuestas por Washington, injerencistas de expresa ilegitimidad nacional e internacional

 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de abril de 2015, p. 19

Caracas.

La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que califica a Venezuela de peligro para la seguridad de su país, carece de validez en la nación sudamericana y sus habitantes, sentenció este sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El fallo, elaborado en conjunto por los magistrados de esa sala, determina que ese acto del gobierno estadunidense vulnera todas las fuentes del derecho internacional y contraría la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El presidente Obama emitió el 9 de marzo una orden ejecutiva en la cual declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior estadunidenses, y ordenó la suspensión de visas y la congelación de bienes en su territorio de siete funcionarios militares, judiciales, policiales y de inteligencia venezolanos.

El TSJ destacó en una nota de prensa que el decreto de Obama transgrede también los más emblemáticos criterios jurídicos y éticos de la humanidad. Esa orden ejecutiva estadunidense vulnera los derechos humanos de los venezolanos y, en general, de todos sus destinatarios, determinó la sala constitucional.

La decisión

Todo ello en consonancia con lo establecido en la histórica decisión de la sala número 100 del 20 de febrero de 2015, en relación con su norma base, como es el documento denominado ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014, añadió.

Las medidas estadunidenses serían un conjunto de acciones injerencistas de expresa ilegitimidad nacional e internacional, circunstancia generadora de responsabilidad interna e internacional de ese Estado y las autoridades respectivas ante su pueblo y ante la comunidad de naciones, sentenció el alto tribunal.

La decisión se produjo a instancia de un recurso presentado por el abogado Oleg Alberto Oropeza Muñoz, con el objetivo de proteger la integridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, explica el Tribunal Supremo de Justicia.