Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, señaló a La Jornada que ante la situación de injusticia y desigualdad que éstos viven, se requiere crear una procuraduría de derechos indígenas.

Además, dijo, hace falta aprobar una ley de consulta indígena que tenga el aval de las comunidades. Es un compromiso que México aceptó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y lo debe impulsar.

En entrevista comentó que existe un compromiso de que la Consejería Jurídica de la Presidencia (de la República) va a elaborar un borrador para ser puesto a discusión con los pueblos.

Aunado a ello, mencionó que la comisión que dirige está tratando de impulsar un proceso de formulación de una iniciativa de ley, de modificaciones constitucionales que incorporen no solamente lo que contenía la propuesta formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación en aquellos tiempos, sino todos los temas que hoy están presentes en la agenda nacional e internacional, tanto de la ONU como en los tratados internacionales.

Remarcó que cualquier propuesta de consulta deberá ser puesta a consideración de los pueblos, para que sea observada y adecuada. Contar con este instrumento, añadió, significaría construir las reglas necesarias del juego para que todo el mundo gane.

Sobre la procuraduría de derechos de los indígenas, el comisionado afirmó que se requiere que esa instancia sea un organismo autónomo, que permita apoyar a los pueblos en sus juicios y demandas.

Sin estos instrumentos, ahora los pueblos se están defendiendo con las uñas y como pueden, en condiciones muy adversas.