Alan fue secuestrado el 24 de diciembre de 2011 en Cuernavaca, Morelos, en un levantón en el que se presume la participaron policías en activo de Guerrero. Dos días después se comunicó a su casa vía telefónica, desde una oficina del Ministerio Público de Chilpancingo. Dijo a sus padres que estaba lesionado, sin dinero y que fueran por él.

Así lo constató el agente ministerial en turno. Sin embargo, cuando sus padres acudieron ahí les informaron que el muchacho ‘‘se desesperó y se fue’’.

Exactamente cinco meses después el cadáver de Alan fue hallado en la población de Zumpango, cercana a la capital guerrerense. El hallazgo fue posible no por una indagatoria de la autoridad, sino como resultado de una investigación de especialistas privados contratados por los padres de la víctima.

El abogado de la familia, Miguel Ángel Rosete, relató que Alan fue hallado golpeado, semidesnudo, mojado de orines por la crisis nerviosa que habría tenido antes de ser asesinado.

‘‘Con el paso de las investigaciones hemos ido descubriendo cada mentira del Ministerio Público; al momento de exhumar el cuerpo nosotros le informamos, dimos datos, pruebas sobre los responsables; sin embargo, no se ha concluido la averiguación previa 242/2012 de la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ), dijo.

Tampoco han hecho gran cosa para esclarecer el caso las procuradurías de Morelos y Guerrero. Esta última dijo que no había videocámaras afuera de sus oficinas, supuestamente porque las estaban reparando. La familia tiene derecho a conocer esa verdad histórica de los hechos e iniciar procesos administrativos y penales contra personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, dijo el jurista.

Desde entonces, advirtió el abogado de la familia, había un foco rojo en Guerrero de complicidad entre policías y criminales, lo cual detonó con los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa. ‘‘Alan acudió a la autoridad para huir del fuego (criminales), pero terminó muriendo en una sartén llena de aceite’’, dijo.

Hay también una recomendación del caso emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No obstante, desde hace un año la madre de Alan no tiene información alguna de un eventual avance en la indagatoria. Ni la Seido ni Gobernación han emitido ningún reporte.

Ante ello, la madre de la víctima, Rosa María Moreno Oliva, acudió a la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir que se indague el caso de presunta desaparición forzada. La señora padece cáncer y llegó a la dependencia federal tras una larga caminata, con el objetivo de exponer el caso directamente al secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Dice estar dispuesta a morir a las puertas de Gobernación para exigir una investigación imparcial y profesional del caso de su hijo.

‘‘Mi hijo ya está sepultado, pero no se nos ha hecho justicia. Quiero saber qué pasó’’, dijo. Debido a su padecimiento –y las consecuencias del esfuerzo– fue atendida por servicios médicos de la SG y posteriormente se retiró con la promesa de que serán atendidos el próximo lunes por un director general.

Desde hace un mes no hay titular en la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego de la salida de Lía Limón, ahora candidata a diputada por el Partido Verde. En esta área se atienden casos como el referido.

‘‘Esto es una enorme falta de respeto. Hasta que la señora inició una acción civil la llamó el gobierno de Guerrero diciéndole que la iban a atender’’, señaló el abogado. El anterior procurador de esa entidad le dijo: ‘‘Licenciado, hay alguien que quiere que no te enteres de lo que ocurrió y no tengo personal para que pueda investigar’’.