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Las autoridades, ‘‘irrespetuosas y omisas’’, lamentan

Activistas saludan datos de la comisión
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de marzo de 2015, p. 8

El informe del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, deja ver que el respeto a las garantías básicas en México está atravesando un momento de crisis, y que ante ello las instituciones han asumido una actitud de falta de respeto a la ley y omisión, al no aceptar las recomendaciones o no cumplirlas a cabalidad, alertaron organizaciones sociales.

Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, saludó que el análisis presentado ayer por el ombudsman nacional en Los Pinos ponga énfasis en casos importantes, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la ejecución cometida por el Ejército Mexicano en Tlatlaya y la represión policiaca en Chalchihuapan, Puebla.

‘‘Eso es bueno, porque de alguna manera refuerza lo que las organizaciones civiles hemos documentado. Decirlo delante del jefe del Ejecutivo es una forma de mostrar su apoyo a las observaciones del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el relator especial sobre tortura, Juan Méndez’’, consideró.

Otro punto destacado del informe, dijo Culebro, es el de la falta de aceptación de las recomendaciones de la CNDH o el no cumplimiento real de las mismas por parte de diversas instituciones gubernamentales. ‘‘Eso refleja no la ignorancia de los organismos, sino el desdén hacia la CNDH, a la que no ven como institución de Estado’’.

Alfonso Poiré, asesor de la organización Save the children, coincidió en señalar que con hechos como Ayotzi2napa, Tlatlaya y Chalchihuapan es muy difícil pensar que no estamos en un momento crítico de derechos humanos, aunque aseveró que también ha habido otras épocas de crisis similares, como las de la masacre de Acteal o el sexenio de Felipe Calderón.

Sobre la advertencia del ombudsman sobre la falta de atención o cumplimiento a recomendaciones, dijo que esto es parte de una ‘‘regresión a un sistema autoritario’’, en la cual se cierran los espacios democráticos.

Dicha tendencia ‘‘contrasta con el diseño de un sistema legal cada vez más planteado desde la lógica de los derechos humanos’’, concluyó.