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El esquema de conductas anticompetitivas comenzó a gestarse a finales de los 90

Dos empresas delatarán al cártel corrupto que operó con Petrobras

La trama ilegal involucra a 23 compañías, entre ellas las principales constructoras de Brasil

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Las autoridades de Sao Paulo aseguran que el sureste de Brasil sufre la peor sequía en más de ocho décadas, ante lo cual los pobladores celebraron una procesión con la Virgen de la Peña, en una jornada de oración para pedir por lluviasFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de marzo de 2015, p. 30

Sao Paulo.

Dos empresas involucradas en el caso de corrupción de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) firmaron un acuerdo para delatar al cártel que operó con la estatal, en un esquema que habría comenzado a gestarse a finales de los años 90, informó la autoridad antimonopolio de Brasil.

El cártel, que llegó a reunir 23 compañías, se fortaleció a partir de 2003, con el primer gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10), del izquierdista Partido de los Trabajadores.

A finales de los 90 el presidente era el hoy líder opositor Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).

Los contactos y acuerdos entre competidores comenzaron de forma preliminar a finales de los 90 y principios de 2000, indicó el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que firmó un acuerdo el viernes con las empresas Setal y SOG Oleo e Gas, que son parte de una misma sociedad.

Se tornaron más frecuentes y estables a partir de 2003/04 y duraron hasta, por lo menos, finales de 2011 y principios de 2012, añadió el texto, la única página disponible para lectura pública del documento de 70 páginas.

Según el Cade, las conductas anticompetitivas consistían en acuerdos de fijación de precios, condiciones, ventajas y abstención de participación y división de mercado entre competidoras en licitaciones públicas de obras en tierra de Petrobras en Brasil. Gracias al acuerdo con la autoridad antimonopolio las empresas entregarán información y documentos sobre el cártel a cambio de una reducción en eventuales castigos sobre prácticas anticompetencia, previstos en la ley brasileña.

El convenio fue suscrito en una investigación sobre el escándalo de corrupción en la gigante petrolera, que vincula a ejecutivos de Petrobras con empresarios, intermediarios y políticos en una trama ilícita que habría movido unos 4 mil millones de dólares en una década.

El caso estalló hace un año y ya existen acuerdos similares entre la justicia e individuos involucrados en la trama, que entregan información a cambio de reducción de sus penas.

Según el Cade, se formó un club de las nueve empresas que operaban como cártel con Petrobras, en el que participaban Setal y SOG, que después se extendió a 16 firmas, con la participación esporádica de siete empresas más.

En esos esquemas figuran las principales constructoras del país, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa. La etapa previa a estos clubes ocurrió a finales de los 90, cuando las empresas comenzaban a organizarse, destacó por su lado el diario O Estado de Sao Paulo.

Las informaciones y los documentos recopilados por el Cade podrían ser enviados también a la fiscalía brasileña para complementar la investigación que lleva adelante.

El caso lava jato (lavadero de autos) ya ha señalado la existencia de un cártel de empresas que sobornaba a directivos de Petrobras para manipular licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, generando un flujo de dinero negro que enriquecía a directivos de la estatal, partidos políticos e intermediarios.

Por lo pronto, Engenharia, una de las constructoras contratistas de Petrobras, acusó a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, supuestamente por haber usado su empresa de consultoría para recibir dinero desviado de la petrolera, reportó este domingo el diario Folha de Sao Paulo.

La acusación fue hecha por Ricardo Pessoa, presidente de UTC Engenharia, preso por las investigaciones de este caso. Los pagos hechos a Dirceu correspondían a 2 por ciento del valor de los contratos que la empresa firmó con la estatal.

Dirceu cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a diez años de cárcel por comandar una red de pago de sobornos mensuales a legisladores a cambio de que respaldaran al ejecutivo durante el primer gobierno de Lula.