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Dos propuestas diferentes en el Congreso

Prevén oposición por ley de robo de combustibles
 
Periódico La Jornada
Sábado 14 de marzo de 2015, p. 12

La ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, aprobada en el Senado y turnada a San Lázaro, podría crear nueva confrontación entre ambas cámaras.

Ello debido a que, en noviembre del año pasado, los diputados remitieron al Senado otra minuta para también sancionar el robo de combustible y las tomas clandestinas de petróleo y gas, que fue ignorada por los senadores, quienes prefirieron avalar una nueva ley, propuesta por el priísta Omar Fayad, y dictaminada con celeridad.

La minuta de la Cámara de Diputados fue remitida al Senado el 6 de noviembre de 2014 y ese mismo día Fayad presentó su iniciativa para crear la ley para prevenir y sancionar los delitos contra el patrimonio nacional en materia de hidrocarburos, encaminada, expuso, a combatir el robo de combustible y otros ilícitos en el sector petrolero y petroquímico.

En esa sesión, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, le hizo notar que no podía hablarse de delitos contra el patrimonio, ya que los ductos van a privatizarse y pasar a manos de empresas extranjeras. Fayad no respondió entonces a Bartlett, pero modificó el título de la ley que no sólo se refiere al robo de combustibles, sino a crear un nuevo régimen penal para las empresas privadas que entrarán al país a explotar los hidrocarburos.

La reforma que aprobaron los diputados se constriñe a modificar los Códigos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la del Senado es otra ley que endurece las penas. La primera prevé sanciones de seis meses a 11 años para el robo de combustibles.

Las penas en esta última son más severas, dentro de un régimen especial para la industria petrolera. El priísta Omar Fayad expresó confianza en que no habrá enfrentamiento con los diputados, quienes podrían optar por incluir modificaciones a la ley que les remitió el Senado.

La llamada ley Fayad establece de 5 y hasta 35 años de prisión por la “ordeña de ductos”, y hasta de 10 años para quien obtenga y utilice información sobre el funcionamiento de instalaciones y avise a terceros, con el propósito de cometer ilícitos.