Una menor de edad, violada y que tuvo que interrumpir su embarazo en la ciudad de México, porque en Hidalgo le negó tal posibilidad un Ministerio Público (MP), demandó a las autoridades judiciales de esa entidad para le den trámite a su querella por daño moral en contra de su victimario.

Dada la trascendencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumió ayer su competencia y por primera vez analizará cuestiones que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo tales como: ¿Es constitucional el plazo de 90 días, a partir de la concepción del producto, que dicta la legislación de Hidalgo para permitir la interrupción legal del embarazo? ¿Es válido que el MP condicione la interrupción legal del embarazo a que la víctima de violación haya denunciado inicialmente este hecho para que pueda realizarse el aborto?, entre otras.