El plan nacional antidelito tendrá una merma presupuestal de 26 por ciento, por efecto del recorte nacional anunciado la semana pasada. Por tanto, estados y municipios recibirán menos recursos para acciones de prevención de la violencia y la delincuencia.

El programa, operado por la Secretaría de Gobernación (SG), tenía una bolsa general para este año de poco más de 2 mil 600 millones de pesos, prácticamente el mismo monto que en 2013 y 2014.

Ahora, con el impacto por el ajuste, recibirá en conjunto 700 millones de pesos menos, confirmaron a La Jornada funcionarios de la SG. En consecuencia, la dependencia deberá rediseñar la lista de prioridades, de las acciones que de por sí eran ya clasificadas como de suma importancia.

En la segunda quincena de febrero o la primera de marzo los estados y municipios deberán recibir la primera de dos ministraciones del subsidio federal en la materia.

Se deberá ajustar a la baja, sin embargo, el monto de recursos hacia las acciones locales, diseñadas específicamente para determinado conjunto de colonias (polígonos), según los focos rojos en cada comunidad.

La reducción será general, es decir, la misma para todos los municipios, pese a las diferentes problemáticas que enfrentan. Por tanto, continuará a la cabeza de la lista, por monto, Guerrero, y dentro de esta entidad lleva la delantera Acapulco.

La SG tendrá un recorte de 2 mil millones de pesos (de 124 mil millones de todo el presupuesto de egresos de la Federación) por disposición de la Secretaría de Hacienda. El ajuste se centrará en gastos operativos y algunos de servicios personales, así como en la baja en referencia, vinculada al subsidio a gobiernos estatales y municipales.

Al inicio del sexenio, el programa antidelito fue presentado como un objetivo prioritario para reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de los grupos más expuestos: niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.

La lista de problemas a atender con urgencia es larga, pero se ponderaron las acciones para intervenir en un contexto de ambientes familiares deteriorados o problemáticos, embarazo temprano, consumo y abuso de drogas, deserción escolar, falta de oportunidades laborales y desempleo, así como un entorno de ilegalidad y de una participación ciudadana mínima.

Si bien en este programa se debe mover una estructura intersecretarial, la conducción del mismo recae en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, a cargo de Roberto Campa.