Una treintena de autobuses viejos sin placas, sin cromática oficial y sin autorización, prestan servicio en Paseo de la Reforma y Palmas desde hace poco más de dos meses.

Los escritos interpuestos ante la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Verificación Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que sean retirados, no han tenido eco.

Mientras, 69 socios de la empresa Autobuses Troncales Ramales (Atrolsa) enfrentan pérdidas diarias de 105 mil pesos y están en riesgo de perder 85 autobuses que empezaron a circular el 30 de octubre anterior, por la falta de liquidez para cubrir una letra mensual de 1.9 millones de pesos mensuales.

Concesionarios de la empresa emplazaron a las autoridades capitalinas a actuar, pues de no hacerlo, el 2 de febrero llevarán sus autobuses viejos al Zócalo y regresarán a prestar el servicio con ellos.

Desde las 5:30 horas, los autobuses piratas realizan dos de los cuatro recorridos del corredor Palmas: Chapultepec-Bosques de Duraznos y Chapultepec-kilómetro 13.5, porque los otros entran al estado de México y corren el riesgo de ser remitidos al corralón, explicaron José Luis Pérez y Gabriel Pérez, presidente e integrante del consejo de administración de Atrolsa, respectivamente.

Informaron que diariamente otorgan servicio a 50 mil usuarios, cifra 30 por ciento menor a los 70 mil estimados en los estudios de demanda.

La posibilidad de hacer base en lugares prohibidos sin ser molestados por la autoridad y cobrar 5 pesos, contra 5.50 de nosotros, ha provocado que la gente los utilice sin importarles que son viejos; van a toda velocidad para ganar pasaje, cortan ruta por las colonias y dan mal servicio, señalaron.

En un recorrido, fueron detectadas 20 unidades color verde o con publicidad –que deja entre 7 y 10 mil pesos al mes–, cerrando el paso a los autobuses autorizados de color blanco con morado, haciendo base en lugares prohibidos o mezclándose con ellos en el Auditorio o Puerta Grande.

Nadie se atreve a reclamarles. Hace dos meses, un operador fue golpeado en Montes Urales por disidentes de la ruta 2, a la que pertenecíamos antes de constituirnos en empresa. Todos nos conocemos y el riesgo de sufrir una agresión es mayor, señalaron.

La Secretaría de Movilidad, comentaron, les puso candados para que dejaran de circular, pues la concesión está dada de baja, pero “en los hechos dan servicio, no pagan tenencia ni derechos y además incumplen con el programa Hoy no circula”.

De acuerdo con investigaciones que han realizado, José Navarrete y Martha Patiño, integrantes de la empresa Bicentenario, que corre de la Villa al kilómetro 13.5, tienen la mitad de los piratas y los prestan o rentan a terceros para que presten el servicio, quedándose con la mejor tajada del pastel.

Pese a ser el primer corredor con unidades emplacadas y una demora de 10 meses para echarlo a andar, la Semovi “no ha cumplido con la exclusividad del corredor, pues hasta los micros, también de la ruta 2, Satélite-Valle Dorado, invaden nuestro recorrido, afectando nuestros ingresos”, aseguraron.

Como microbuseros, recordaron, ganábamos hasta 25 mil pesos libres al mes; como socios recibimos 10 mil, lo cual no es negocio. De continuar esta incertidumbre jurídica, mejor nos regresamos a prestar servicio con unidades viejas y no corremos el riesgo de perder nuestros ingresos y patrimonio familiar, señalaron.

Por ello, dieron al Gobierno del Distrito Federal 20 días para cumplir con los compromisos contraídos para la prestación del servicio, antes de realizar una manifestación en el Zócalo y regresar los camiones nuevos a la financiera, por falta de pago.