Culiacán, Sin.

Dirigentes de 10 organizaciones ciudadanas y empresariales exigieron ayer al Congreso de Sinaloa reponer las licitaciones de la construcción y operación de dos hospitales, en los municipios de Culiacán y Mazatlán. Las adjudicaciones implicarían usar participaciones federales para ofrecer una garantía de pago a los empresarios beneficiarios.

Señalaron que el gobierno estatal debe anular la asignación de las obras a compañías de Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Nuestra participación obedece al interés público en el manejo prudente, responsable y transparente de las finanzas públicas; se busca sentar entre los ciudadanos un precedente de que en Sinaloa es posible hacer obra pública dentro de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, expusieron en un comunicado.

El documento fue firmado por Congreso Abierto, Mujeres Universitarias y las cámaras de la Industria de la Construcción, Nacional de Comercio y de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, entre otras organizaciones.

La empresa GIA, de Hipólito Gerard Rivera, ganó la licitación EA-925006998-N54-2013 para operar y dar mantenimiento al hospital Doctor Martiniano Carvajal, en Mazatlán, por el cual se pagarán 239 millones de pesos anuales (19 millones más de lo aprobado por los diputados). En 25 años la erogación será de al menos 5 mil 975 millones de pesos.

En Culiacán, la firma Grupo Empresarial Ángeles, cuyo principal accionista es Vázquez Raña, ganó la licitación EA-925006998-N53-2013 para la construcción del hospital Bernardo Gastélum. Recibirá unos 347 millones de pesos al año, es decir, al menos 8 mil 675 millones en 25 años.

Los dirigentes de las organizaciones ciudadanas y empresariales demandaron que la Legislatura no autorice la ampliación de garantías de crédito para la construcción de dos hospitales y que el Ejecutivo estatal declare nulas las licitaciones asignadas para los hospitales en Mazatlán y Culiacán.

Los procesos que beneficiaron a las dos firmas, aseguraron, son opacos y afectan la economía regional.