Chilpancingo, Gro.

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) derribaron una reja del acceso principal del palacio de gobierno y prendieron fuego a los bustos de los ex gobernadores Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, José Francisco Ruiz Massieu y Ángel Aguirre Rivero.

Los manifestantes demandaron la desaparición de poderes, tanto locales como federales, debido a que, argumentaron, el presidente Enrique Peña Nieto no dio resultados en la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre.

El martes maestros y estudiantes clausuraron simbólicamente el portón del palacio de gobierno; colocaron cadenas y candados, y advirtieron que si éstos eran retirados regresarían.

Por la mañana la dirigencia de la Ceteg fue informada que la reja del palacio de gobierno había sido abierta y que los trabajadores entraron a sus oficinas a laborar.

Unos 500 maestros se trasladaron al inmueble, derribaron la reja de aproximadamente cuatro metros y desalojaron a los empleados. Con palos, tubos y piedras ingresaron a la sala de ex gobernadores, donde arrancaron los bustos de bronce y los sacaron a la explanada, donde les arrojaron gasolina y les prendieron fuego. Posteriormente instalaron un plantón permanente para impedir que se reanuden las labores.

Antes, maestros de la Ceteg volvieron a tomar la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, donde pidieron una cuota de 50 pesos a los automovilistas.

Al mediodía, mujeres integrantes de la Ceteg irrumpieron en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero cuando se efectuaba un acto por el Día Internacional de los Discapacitados. Marxitania Ortega, presidenta del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, tuvo que abandonar el acto. Una dirigente del magisterio, en paro desde el 8 de octubre, explicó que su lucha es por la presentación con vida de los estudiantes.

ONU condena desaparición

Al mismo tiempo, alumnos de la normal de Ayotzinapa instalaron un retén en la zona de Tierras Prietas, al norte de la ciudad, donde solicitaron cooperación a los automovilistas en tanto que a los camiones distribuidores de productos les recogieron la mercancía.

Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó enérgicamente el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre en Iguala y la detención y desaparición de 43 estudiantes.

De visita en la normal de Ayotzinapa, comprometió al organismo mundial a que hará todo lo que esté a su alcance para que se obtengan garantías para que casos como ese no vuelvan a repetirse y ofreció respaldo a los padres de los 43 desaparecidos.

El representante de la ONU se reunió con los familiares de los normalistas ausentes, así como con Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los padres pidieron el respaldo de la ONU porque ya no confían en las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues los ha venido engañando, dijeron.

Hernández Valencia respondió que de por sí el encuentro es un respaldo inequívoco a las víctimas, a sus familias y seres queridos, a su causa y a la plena legitimidad de sus demandas de justicia, y para reiterar la disposición de la ONU a seguir acompañándolas en su búsqueda de justicia.

Les dijo también que la visita a la normal es parte del seguimiento que ha dado la ONU al caso.

La indignación que se ha despertado en México y a nivel internacional por los hechos de Iguala tiene un anclaje directo en la fortaleza de las familias y estudiantes que con plena conciencia cívica han exigido de manera enfática el respeto a sus derechos humanos, recalcó.