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Deberá explicar los numerosos regalos que recibió, dice el juez

Dimite la ministra española de Sanidad por corrupción

Segundo miembro del gabinete de Rajoy que renuncia por escándalo

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Ana Mato, ministra española de Sanidad, renunció ayer tras ser señalada por un juez de la Audiencia Nacional de haber lucrado en una trama de corrupción de la cual formaba parte su ex marido, Luis Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón. La imagen es de archivoFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de noviembre de 2014, p. 37

Madrid.

Ana Mato, ministra de Sanidad del gobierno español, presentó hoy su dimisión tras ser señalada por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de haber lucrado en una trama de corrupción político-empresarial, en la que ella y su familia recibieron numerosos regalos y dádivas. Mato era uno de los miembros del gabinete más cuestionados por su gestión, pues fue la artífice de la privatización de los servicios de salud.

El juez Ruz dio a conocer este miércoles sus conclusiones sobre la pieza central del complejo caso Gürtel, que investiga la trama de corrupción política y empresarial en la que han sido acusados más de un centenar de dirigentes del Partido Popular (PP) y varias decenas de empresarios y testaferros que desfalcaron al erario.

En las primeras conclusiones, el juez decidió citar como imputados o como partícipe a título lucrativo a 43 personas, entre ellas Mato, quien recibió todo tipo de regalos de la trama de la que formaba parte su ex marido Luis Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón.

La trama Gürtel es el caso más grave de corrupción política en las últimas décadas, al involucrar a varios centenares de personas de gobiernos central, autonómicos y locales, sobre todo en las regiones de Madrid, Valencia, Murcia, Islas Baleares y Castilla y León. Todas estas autonomías gobernadas por el PP, además de que desde esta trama se habría diseñado el presunto financiamiento ilegal del partido durante dos décadas –según declaró el ex gerente del PP, Luis Bárcenas, hoy en prisión– y también se pagaron sobresueldos ilegales a destacados miembros del partido, incluido el actual gobernante, Mariano Rajoy.

Tras conocerse la resolución del juez español, desde el gabinete de prensa de Mato se informó que estaba tranquila y que en ningún caso se planteaba dimitir. Pero al filo de las ocho de la noche (hora local) emitió el comunicado en el que formalizó su dimisión, posiblemente presionada por el propio Rajoy, que este jueves enfrentará en el Congreso de los Diputados una sesión plenaria sobre corrupción.

En el comunicado, Mato aseguró que renuncia para no perjudicar al gobierno ni a su partido, y subrayó que fue una decisión personal ante las posibles responsabilidades en el ámbito civil que se le pudieran exigir y a pesar de no estar imputada.

Mato es el segundo miembro del gabinete de Rajoy que abandona abruptamente el cargo, tras la dimisión hace un par de meses del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su polémica reforma de la ley del aborto y su cuestionada política de indultos, en las que se le acusó de favorecer al despacho de abogados en el que trabajaba su hijo, además de otros escándalos de abuso de poder y nepotismo.

En el auto, el juez Ruz señala que Matos debe declarar como partícipe a título lucrativo sobre los numerosos regalos que recibió. En menos de cinco años la familia Sepúlveda Mato recibió dinero para viajes por más de 36 mil euros (750 mil pesos), y el pago íntegro de las fiestas infantiles de sus hijos, así como el de los vehículos de lujo que usaba su ex marido y ex alcalde de Pozuelo.

El juez Ruz considera que tres de los cuatro ex tesoreros del PP forman parte de la trama corrupta que afecta al PP y entiende que 43 personas deben sentarse en el banquillo por operaciones con administraciones públicas en Castilla y León, Estepona y la Comunidad de Madrid, Pozuelo y Majadahonda.

El magistrado ubica como líderes de la trama al empresario Francisco Correa y al dirigente del PP en Galicia, Pablo Crespo, quienes diseñaron el plan para lucrar con contratos públicos.