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Habrá informe de la comisión de la verdad

Plantean procesar a 100 ex represores en Brasil
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de noviembre de 2014, p. 23

Río de Janeiro.

La Comisión Nacional de la Verdad, que investiga asesinatos y violaciones de los derechos humanos durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, propondrá el enjuiciamiento de 100 militares que participaron directamente en estos actos, dio a conocer este martes Dalmo Dallari, el coordinador del grupo.

Vamos a indicar la necesidad de responsabilizar (a los militares), afirmó Dallari, en una entrevista al portal brasileño de noticias UOL, del grupo de Folha de Sao Paulo. No obstante, reconoció que han enfrentado dificultades para obtener documentos, pues las fuerzas armadas insisten en que gran parte fueron destruidos.

El jurista agregó que al Congreso, al Poder Judicial y al Ministerio Público les corresponderá la tarea de buscar una forma de procesar a los acusados, pese a la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

Dallari indicó que el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad, a ser divulgado el 10 de diciembre, incluirá casos concretos, con víctimas concretas y autores concretos, que llevará a los brasileños a cuestionar la validez de la Ley de Amnistía.

En tanto, se reportó que cinco acusados de integrar un esquema de millonarios sobornos en contratos de la gigante estatal brasileña Petrobras devolverán unos 165 millones de dólares a las arcas públicas, mientras continúan las detenciones y revelaciones de implicados en el caso.

Los cinco acusados en el contexto de la operación policial Lava jato (Lavado exprés) firmaron un acuerdo con la justicia para reducir su pena a cambio de entregar información privilegiada sobre el esquema de corrupción, y se han comprometido a devolver este dinero, precisó el diario O Globo.

El ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, en prisión domiciliaria y que denunció sobreprecios en contratos de la estatal con empresas constructoras para beneficiar a intermediarios y al gobernante Partido de los Trabajadores, y a otros dos partidos aliados, se comprometió a devolver 27 millones de dólares.