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Dice que cada caso obedece a la codicia personal y pide confiar en el estado de derecho

Rajoy ofrece disculpas a españoles por la corrupción imperante, sobre todo en el PP

Rechazan oficialistas realizar una sesión en el Congreso para abordar el deterioro político

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El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en su comparecencia de ayer en el Senado, desde donde lamentó, en nombre del PP, haber colocado en puestos públicos a personas indignas de los cargosFoto Reuters
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de octubre de 2014, p. 27

Madrid, 28 de octubre.

El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, ofreció este martes disculpas a los ciudadanos, ante la indignación y el hartazgo que imperan en la sociedad frente a los casos de corrupción en que se han visto envueltas las principales instituciones del país, principalmente los dirigentes del oficialista Partido Popular (PP).

A pesar del mea culpa, el PP se negó a aceptar la petición de los grupos de oposición, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, para celebrar una sesión en el Congreso sobre la corrupción, que se ha convertido en la segunda mayor preocupación de la ciudadanía, sólo después del desempleo.

Rajoy cambió de estrategia y pasó del silencio a ofrecer una disculpa desde el Senado, donde compareció en una sesión de control al gobierno que aprovechó para leer un mensaje: “los asuntos de corrupción destapados en los últimos días responden a la codicia personal, por lo que pido a los ciudadanos seguir confiando en el estado de derecho, porque la justicia y las instituciones funcionan.

Lamento profundamente la situación creada y ofrezco disculpas en nombre del PP a todos los españoles por haber colocado en puestos públicos a personas que no eran dignos de ellos. Esta es la segunda ocasión que el gobernante pide perdón por detenciones, acusaciones o indagatorias contra dirigentes de su formación política.

La primera vez fue en el verano pasado, cuando intervino en el Parlamento para explicar la actuación del contador de su partido durante dos décadas, Luis Bárcenas, hoy en prisión por delitos contra el erario y el financiamiento ilegal del PP.

Uno de los casos más graves de corrupción en los que se ha visto involucrado el PP comenzó en febrero de 2009, con acusaciones sobre más de 150 personas, entre ellos empresarios de la construcción.

En el contexto de la red Gürtel se descubrió la contabilidad B del PP, gracias a acusaciones de Bárcenas, quien reconoció que la formación política tenía doble y hasta triple financiación, además de que la mayoría de sus dirigentes recibían sobresueldos ilegales de manera periódica, entre ellos Rajoy, cuando fue ministro de Educación durante la primera legislatura de gobierno del ex presidente José María Aznar (1996-2000).

Después del caso Gürtel, se conocieron otros casos de corrupción en Madrid, Galicia, Valencia, Murcia, Islas Baleares y Castilla y León. Entre los destacados militantes del PP sentenciados figura el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente de las Islas Baleares, Jaume Matas.

Hoy, el ex secretario general del PP, Ángel Acebes, testificó como acusado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, para explicar una serie de pagos en la contabilidad B, es decir, los fondos que utilizaba el partido para financiar actos electorales o, en este caso, acciones que compró para ayudar a un medio de comunicación afín, el portal Libertad Digital. Acebes negó los hechos y responsabilizó de todo al contador del partido. El juez investiga la inyección de dinero privado, la mayoría procedente de empresas de la construcción, como OHL o Sacyr –que ahora tienen importantes inversiones en México–, con el que obtenían a su vez importantes contratos públicos. El magistrado también investiga la remodelación de la sede central del PP, que se pagó con dinero negro y que costó casi dos millones de euros.

Por lo pronto, permanecen detenidos los 51 políticos y empresarios coludidos en fraudes de obras públicas luego de la macro operación del lunes en cuatro comunidades autónomas y seis municipios, mientras los agentes de la Guardia Civil siguen con el allanamiento de inmuebles e incautación de documentos.