La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) resultó la dependencia pública con el mayor número de casos de violación a la Ley de Transparencia de esta ciudad, por lo que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infodf) tuvo que dar parte de esos hecho a la Contraloría General del DF, a fin de que investigue y sancione a los funcionarios responsables.

De acuerdo con un reporte reciente del Infodf, durante los primeros nueve meses de este año se notificó a la contraloría de un total de 129 casos de dependencias y servidores públicos que incurrieron en desacato a la norma en materia de transparencia, de los cuales la Seduvi tuvo el primer lugar con 28, le siguió la autoridad del Espacio Público, con 14; delegación Coyoacán, 13, y Cuajimalpa, 12.

El documento de ese organismo detalla que en el caso específico de la Seduvi la mayoría de las violaciones a la Ley de Transparencia se refieren al incumplimiento de las resoluciones del pleno del Infodf que le ordenaba entregar la información que le pidieron los particulares, seguida por las omisiones de respuestas a las solicitudes que se le formularon en tiempo y forma.

La Seduvi es una de las dependencias del gobierno capitalino que están entre las que más solicitudes de información ha recibido en los recientes dos años, y gran cantidad de ellas están relacionadas con las autorizaciones para la construcción de desarrollos inmobiliarios, los cuales han saturado el espacio urbano, sobre todo de delegaciones como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

Respecto del tema, el comisionado ciudadano del Infodf, Alejandro Torres, comentó que cuando se da vista a la contraloría es porque quedó confirmado que alguna dependencia del gobierno capitalino incurrió en violaciones a la Ley de Transparencia o por violación a las normas en cuanto a protección de datos personales, como es el caso de la Seduvi y demás secretarías u órganos autónomos, delegaciones o entidades paraestatales.

En entrevista, comentó que ante un escenario de ese tipo la contraloría conoce del asunto, lo investiga y aplica las sanciones que correspondan al funcionario público, las cuales van desde una amonestación privada o publica o la suspensión temporal hasta la inhabilitación en el cargo.

Resaltó que en el caso de la Seduvi se advirtió desde principios de año que sesión tras sesión había recursos de impugnación por parte de particulares que consideraban que esa dependencia no estaba entregando la información que se le solicitaba o daba otros datos que no habían sido pedidos. Al adentrarse en el tema advirtieron que el origen de tales reclamos era que había movimiento de servidores públicos de esas áreas y que estaba incidiendo en que no se estuviera cumpliendo adecuadamente con la ley, situación que, dijo, se atendió al capacitar a su personal.