La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró ayer que en el caso Ayotzinapa se cometieron violaciones graves a los garantías individuales, consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados en contra de la integridad y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.

En un comunicado, la CNDH señaló que desde el 27 de septiembre pasado inició una investigación de oficio en Iguala, Guerrero, por las agresiones a estudiantes normalistas y a los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, quienes fueron agredidos por policías del municipio de Iguala. Aunado a ello, el fin de semana pasado se localizaron seis fosas clandestinas con un número indeterminado de cadáveres.

Destacó que como resultado de las investigaciones se determinó continuar el trámite del expediente iniciado de oficio el 27 de septiembre, pero ahora como investigación de violaciones graves de derechos humanos.

Se trata, indicó, de la segunda ocasión en Guerrero que la CNDH ha decidido ejercer su facultad de atracción, dado que la naturaleza de los acontecimientos implica violaciones graves a los derechos humanos.

De igual forma, la comisión hizo un llamado al gobierno de Guerrero para que tome las medidas necesarias, a efecto de que se salvaguarden los derechos de las víctimas, sus familiares y de los testigos de los hechos, especialmente para que ningún servidor público del estado realice actos de intimidación que les impida acceder al sistema de justicia.

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que un grupo de especialistas, integrado por personal jurídico, médico, de sicología y trabajo social fue enviado a Iguala, con la finalidad de garantizar la atención a los familiares de los normalistas desaparecidos, y exigió a las autoridades federales y estatales una investigación a fondo, pronta y eficaz, que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, y que permita la reparación integral del daño.

Adrián Ramírez presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, sostuvo que hay responsabilidad de los tres niveles de gobierno y negligencia criminal de las autoridades.

Ramírez destacó que el operativo en el que se atacó a estudiantes fue un acto planificado, por lo que debe investigarse la complicidad de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales, así como de las fuerzas armadas en la zona.