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Más que proteger la salud, representa una amenaza, asegura grupo de expertos

Incomprensible para consumidores, nuevo etiquetado para alimentos y bebidas: ONG
 
Periódico La Jornada
Martes 23 de septiembre de 2014, p. 19

La Alianza por la Salud Alimentaria indicó que el etiquetado frontal que será obligatorio para alimentos y bebidas –ordenado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)– resultó reprobado, luego de realizar un sondeo a 59 consumidores mexicanos, quienes señalaron que no lo entienden y prefieren el etiquetado conocido como semáforo, por ser más útil y comprensible.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, aseguró que el sondeo confirma los resultados del estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2011, en el que se comprobó que de 122 estudiantes de nutrición, sólo tres pudieron interpretarlo correctamente. A esto se suma que el 21 de abril más de 30 destacados especialistas internacionales en nutrición y salud pública, en una carta pública al gobierno federal, señalaron que este etiquetado, más que proteger la salud, representa una amenaza.

Parte del análisis menciona la referencia al consumo diario de 90 gramos de azúcar, equivalente a 18 cucharadas cafeteras, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 10.

“Ante las críticas a este etiquetado y la recomendación de consumir 90 gramos de azúcar, el comisionado de la Cofepris, Mikel Arriola, presentó una ‘maquillada’ del etiquetado para que en vez de establecer 90 gramos de azúcar como ‘ingesta diaria recomendada’ quedara como ‘ingesta diaria’. La reforma no cambió el criterio de los 90 gramos y al mantener el concepto de ‘ingesta diaria’ también mantuvo el sentido de recomendación para el consumidor”.

La Alianza recordó que junto con otras organizaciones interpuso un amparo contra este etiquetado, ya que los criterios para elaborarlo presentan irregularidades que conllevan a violaciones constitucionales: principalmente violaciones al derecho a la salud, así como al derecho a la información de los consumidores, ambos establecidos en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.