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Que se determine si hubo ejecución de parte del Ejército

Demanda el Senado investigación a fondo de los asesinatos en Tlatlaya
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Bodega donde elementos del Ejército abatieron a 22 presuntos delincuentes en el municipio mexiquenseFoto Beatriz Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2014, p. 6

La Comisión de Derechos Humanos del Senado demandó que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el ombudsman nacional investiguen a fondo los hechos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, a fin de determinar con claridad si las 22 personas muertas fueron ejecutadas por miembros del Ejército o se trata de integrantes de una banda que perecieron a consecuencia de un enfrentamiento, como sostiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La perredista Angélica de la Peña, presidenta de ese organismo, pidió celeridad al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la PGR para que informe con transparencia el progreso de la averiguación, de tal manera que se conozca la verdad y se sancione a los responsables. Se pronunció por el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles, lo más pronto posible.

En tanto, el PRD en la Cámara de Diputados impulsa la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones. Miguel Alonso Raya, coordinador de la bancada, apuntó que la próxima semana solicitarán a los titulares de las secretarías de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda, así como a la PGR y Jesús Murillo Karam, explicaciones al respecto.

El diputado perredista anticipó que su fracción también solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es necesario que todas las autoridades involucradas realicen una investigación exhaustiva para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos por los militares involucrados, apuntó.

En entrevista por separado, De la Peña enfatizó que sería muy grave si se comprueba que los militares ejecutaron a esas personas, aun si se tratara de delincuentes.

Permitir que continúen las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, justificándolas como parte de una ofensiva efectiva contra la delincuencia y de la prevención del delito, no contribuirá a fortalecer un estado de derecho, al contrario, lo debilita.