Número 218
Jueves 4 de Septiembre
de 2014


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

La Organización de las Naciones Unidas tiene programado llevar a cabo en 2016 una Sesión Especial de la Asamblea General para revisar la política mundial contra las drogas. El paradigma de prohibir la producción, el traslado y el consumo de sustancias psicotrópicas cumplió ya 50 años de existencia y enfrenta más cuestionamientos que nunca antes. La Transform Drug Policy Foundation ha generado diversos documentos para alimentar el debate y sustentar una alternativa al prohibicionismo: la regulación legal de los estupefacientes.

El temor al incremento en el consumo de drogas es una de las inquietudes más frecuentemente expresadas y tal vez la más políticamente cargada de todas las objeciones a una reforma que quite el control del mercado de estas sustancias a los delincuentes y se lo entregue a los Estados.

Muchas inquietudes secundarias provienen directamente de aquella –por ejemplo, el incremento en la adicción, la multiplicación de accidentes causados por conductores bajo el efecto de las drogas y otros daños relacionados con el consumo.

Bajo cualquier política, la preocupación referida al incremento del consumo es legítima y comprensible. Sin embargo, la retórica de guerra contra las drogas se ha encargado de caracterizar a estas sustancias como un “mal” que estamos obligados a “combatir” y nos ha llevado a pensar que todo consumo de drogas es automáticamente dañino, abusivo y socialmente inaceptable. Como resultado, gran parte del debate sobre políticas de drogas ha sido impulsado por la ideología y construido sobre la base de un enfoque obsesivamente estrecho y centrado en reducir –o más precisamente, eliminar– el consumo.

Cuando el consumo de una droga sí se reduce, éste es pregonado como un triunfo que vuelve irrelevantes los debates sobre la reforma; pero cuando el consumo aumenta se hacen llamados para intensificar los esfuerzos punitivos de aplicación de la ley. Tal enfoque, simplista y fallido, permite a quienes lo defienden escapar al análisis de lo que realmente crea el consumo y los daños relacionados con el mercado de drogas –distorsionando así las prioridades de los procesos de gestión y evaluación de las políticas.

La respuesta a esta inquietud es difícil de construir en una frase simple y concisa, pero existen puntos clave que se pueden destacar.

Argumentos clave
En primer lugar, debemos ser claros y contundentes respecto a una realidad irreprochable: el enfoque punitivo actual ha fracasado manifiestamente en prevenir el dramático incremento en el consumo de drogas y los daños asociados.

En segundo lugar, debemos tener presente que el argumento del incremento en el consumo, como consecuencia de la introducción de una adecuada despenalización de la posesión o de un esquema de regulación legal, se basa en los siguientes supuestos incorrectos.

Uno es que la criminalización de los consumidores disuade de manera significativa el consumo.

No es así. Estudios a nivel nacional e internacional que comparan el impacto de diferentes enfoques, desde regímenes severos hasta esquemas de despenalización total de la posesión de todas las drogas, demuestran que el impacto de la criminalización sobre los niveles de consumo es marginal.

Por otro lado, los prohibicionistas sostienen que la regulación legal significa libre disponibilidad de drogas, de modo que el consumo de estas sustancias se incrementaría enormemente. De hecho, las drogas ya están a disposición de la mayoría de las personas que las desean y en todo momento. Lo que es más importante, la regulación verdadera significa una disponibilidad controlada –que no una libre disponibilidad– en la que diversas restricciones se mantienen –mayoría de edad, límites en la adquisición de drogas, controles sobre los precios, etcétera.

La evidencia indica que una estricta regulación legal puede ayudar también a controlar los niveles de consumo. Por ejemplo, en el mismo período de tiempo en el que el uso de drogas ilegales se ha incrementado dramáticamente, el consumo de tabaco ha disminuido casi a la mitad en muchos países –sin que eso signifique criminalizar a nadie y mediante el empleo efectivo de mensajes de salud y medidas regulatorias legales.

Existen factores culturales y socioeconómicos más amplios que ejercen una mayor influencia sobre el consumo problemático. Dos de estos factores claves son la búsqueda de placer y la eliminación del dolor físico o emocional. Quienes usan drogas para aliviar el dolor son mucho más propensos a convertirse en consumidores problemáticos. En este sentido, la evidencia muestra que los niveles de desigualdad y bajo bienestar son factores de predisposición mucho más importantes para el consumo de drogas que la severidad del régimen de fiscalización.

Para aterrizar estas ideas, podemos citar un par de ejemplos específicos. Cuando Portugal descriminalizó la posesión de todas las drogas en 2001, los prohibicionistas predijeron un aumento desmedido en el consumo y alertaron sobre las amenazas de una ola incontenible de turistas en busca de drogas. Nada de eso ocurrió. En el otro caso, cuando Suiza introdujo en 1994 el suministro legal de heroína para consumidores dependientes a través de un sistema de clínicas, el resultado fue la reducción en la disponibilidad de la droga –pues los consumidores que traficaban heroína para subvencionar su propio hábito dejaron de hacerlo. En otras palabras, la regulación logró en ambos casos controlar la disponibilidad y no incrementarla. El consumo, en algunos casos, también se redujo.

Devoción por los números
Las prevalencias de consumo son sólo una de muchas maneras de medir los impactos de salud –y ni siquiera constituyen la medición más útil porque la mayor parte del consumo de drogas no es problemático. De la misma manera, los impactos de salud son apenas uno de los muchos indicadores que deben ser considerados para desarrollar políticas públicas sobre drogas que minimicen los daños a los consumidores y a la comunidad en su conjunto. Medir la efectividad de una política determinada exigiría también tomar en cuenta los impactos sobre la delincuencia, los derechos humanos, la seguridad comunitaria, el desarrollo internacional y la economía –todas ellas áreas que podrían beneficiarse de la reforma. En pocas palabras, debemos redefinir “el problema de las drogas” como un fenómeno complejo que abarca mucho más que simplemente a “las personas que consumen drogas”.

Ahora bien, incluso si se considera sólo la salud, es importante subrayar que bajo la regulación legal las drogas serían más seguras (pues la potencia y la pureza serían conocidas y habría más información sobre sus riesgos y daños a disposición de quien decida consumirlas). El propio sistema regulatorio podría estimular la adopción de conductas más seguras, el consumo en entornos menos peligrosos y la reducción de las barreras que impiden a las personas buscar y acceder a ayuda.

Por último, e incluso si el consumo de algunas drogas se incrementara, los daños a la salud en general aún se reducirían y la sociedad se ubicaría en una mejor situación para abordar el consumo problemático y sus causas subyacentes.

Y después de la regulación, ¿qué?
El consumo de drogas puede tanto incrementarse como disminuir cuando llega a ponerse fin a la prohibición, pero las generalizaciones y universalizaciones no son útiles. Habrá una serie de factores en juego –a menudo empujando el tema en diferentes direcciones– y ciertamente veríamos diferentes impactos de acuerdo al tipo de droga, el tipo de población consumidora y las características específicas de los modelos regulatorios.

Un modelo pragmático de regulación legal podría beneficiarse de los errores cometidos con el alcohol y el tabaco y enfocarse en controlar los elementos del mercado que implican mayor potencialidad de incrementar el consumo o los daños a él asociados (por ejemplo, podría controlar los incentivos a obtener ganancias por volumen de ventas prohibiendo el mercadeo, la identidad de marca y la publicidad). De la misma manera, podría posibilitar la inversión en prevención y educación en salud.

La dinámica impulsada por las ganancias emanadas de la ilegalidad ha inclinado el mercado hacia formas aún más concentradas y rentables de producción y venta de ciertas drogas (del opio a la heroína y de la hoja de coca a la cocaína y el crack). Es probable que una era post-prohibición nos lleve a presenciar un retorno hacia opciones más seguras y menos concentradas de estas sustancias (algo que puede ser facilitado por el tipo de regulación implementada). Por ejemplo, después de abolir la prohibición del alcohol en Estados Unidos, los patrones de consumo se distanciaron de los licores y retornaron a las cervezas y vinos.

Los cambios en los patrones de consumo de drogas actualmente ilegales también podrían tener impactos sobre el consumo de drogas legales, incluyendo el desplazamiento del consumo de alcohol al de cannabis. Desde la estrecha perspectiva prohibicionista, cualquier incremento en el consumo de cannabis sería percibido como un fracaso de las políticas pero dados sus daños relativos, tal reducción en el consumo de alcohol podría producir una ganancia neta en términos de salud pública.

En resumen, las decisiones respecto al consumo de drogas se ven afectadas por muchos factores. En un mundo post-prohibición habrá, sin lugar a dudas, una diversidad de efectos que podrían incrementar el consumo –por ejemplo, la eliminación de los regímenes disuasivos de fiscalización, las variaciones en los precios, la disponibilidad, calidad y mercadeo de las drogas.

Sin embargo, en el otro lado del espectro existirían también efectos que podrían reducir el consumo –por ejemplo, la eliminación del “atractivo de la clandestinidad”, la mayor atención de los consumidores dependientes, la disminución del número de vendedores criminales deseosos de captar nuevos consumidores y la reinversión del gasto en seguridad hacia acciones de tratamiento, educación y reconstrucción del tejido social. El efecto neto variará de acuerdo con las diferentes drogas y las distintas poblaciones de usuarios, lo mismo que de acuerdo con los desplazamientos entre distintas drogas que pudieran producirse.

Es fundamental advertir que los impactos también dependerán del tipo de regulación adoptada. Aunque un modelo de mercado libre no regulado ciertamente ostenta el potencial de incrementar el consumo, los modelos de regulación gubernamental buscan priorizar la salud pública y prevenir los daños que proceden de mercados no regulados –algo que hemos visto suceder con el alcohol y el tabaco.

* Fragmento editado del documento “Terminando la guerra contra las drogas: cómo ganar el debate en América Latina”, publicado en coautoría con México Unido contra la Delincuencia, A.C.

S U B I R