La bancada del PRD en el Senado anunció ayer un plan de acción que consta de 10 puntos para revertir la reforma energética, entre otros, convocaron a la ciudadanía a participar en manifestaciones y movilizaciones para echar a atrás la nueva legislación.

Llamó a que el próximo 16 de septiembre, a partir del mediodía, la ciudadanía se exprese en plazas públicas, calles, centros de trabajo, escuelas, oficinas de gobierno, cuarteles de policía, zonas militares e instalaciones petroleras y de electricidad; que envíen mensajes por radio, televisión e Internet manifestando su rechazo a la privatización “de nuestros recursos energéticos”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, acompañado de los legisladores Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Zoé Robledo e Isidro Pedraza, leyó el posicionamiento en el que destacó el llamado al pueblo de México a realizar “acciones contundentes” para impedir la privatización “de nuestro petróleo y recursos energéticos”.

Barbosa afirmó que la reforma energética es contraria al interés del pueblo, porque aumentarán los precios de las gasolinas, gas y electricidad; se perderán fuentes de empleo; disminuirán los ingresos, y habrá más corrupción.

El “atentado”

Este atentado contra el pueblo, dijo, puede detenerse: se trata de hacer efectiva la mayoría social que ha expresado su rechazo a las reformas y que se manifestará con toda su fuerza en la consulta popular.

En las acciones de dicho plan, los perredistas destacaron que las reformas son ilegítimas “en tanto no sean ratificadas en una consulta popular por el voto libre de los ciudadanos”.

Anunciaron que apoyarán la lucha de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o de cualquier otra empresa que sean despedidos; llamaron además a las organizaciones campesinas, comunidades agrícolas y pueblos indígenas para “oponernos al despojo de tierras producto de la privatización”; plantearon movilizarse ante cualquier daño ambiental; continuar la recolección de firmas en favor de la consulta, denunciar ante tribunales internacionales la expoliación, violación de derechos humanos y los daños ecológicos.

Encinas resaltó “no estamos derrotados, estamos indignados, y esta indignación la queremos convertir en respuesta social”.