as reformas a la Ley de Protección Animal en el Distrito Federal llegan a Aguascalientes en un mal momento para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, que no ha sabido ni querido dejar de ser un apéndice del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que paga con complicidad los números que consigue en las elecciones gracias a su alianza con el tricolor.

Es de tal nivel la sumisión de ese organismo político que incluso se desentiende de las indicaciones de su dirigencia nacional. Es el caso de la defensa de los derechos de los animales. En Aguascalientes el Verde va siempre a la zaga de lo que exigen las asociaciones civiles. No sólo eso: en más de un tema va contra lo que postula su ideología.

Desde el inicio de este siglo hay en Aguascalientes una Ley de Protección a los Animales, en la que poco –por no decir nada– tuvo que ver el PVEM. En fechas recientes se ha expedido un reglamento para la protección y trato digno a los animales, pero sólo para la capital del estado. En los municipios el retraso es evidente. Igualmente nula ha sido la responsabilidad de ese partido en la reglamentación. Con las reformas aprobadas en el Distrito Federal, a los legisladores del Verde ya se les exige que promuevan ante el Congreso local una iniciativa para evitar los circos con animales. La respuesta de los diputados ha sido, por decir lo menos, taimada: esperarán a que se den los consensos necesarios, es decir, a convencer al PRI. Lo que oculta esa declaración es la incapacidad de trabajar de acuerdo con lo que prevé su propio programa de trabajo, ligado al del Revolucionario Institucional. Los verdes en Aguascalientes no harán nada que pueda molestar a aquellos de quienes depende su existencia como partido, no en una entidad donde el gobernador, sin discusión de por medio, declaró las corridas de toros patrimonio cultural inmaterial.

Con la mirada puesta en las siguientes elecciones, el Verde Ecologista de Aguascalientes se queda atrás de la sociedad organizada con esa búsqueda de consensos que en realidad retrasa la necesaria discusión del tema en el Congreso. Están pensando en los votos que le tocarán en la siguiente elección, no en los votantes.