La ley de hidrocarburos aprobada en el Senado contraviene el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria, por lo que las organizaciones que integran el Consejo Agrario Permanente (CAP) acudirán a las instancias judiciales competentes y a tribunales internacionales para denunciar esta arbitrariedad y combatir este atropello contra el régimen de propiedad social de la tierra.

Tras indicar lo anterior, el dirigente del CAP, José Durán Vera, expuso que esta central campesina considera que el presidente Enrique Peña Nieto está faltando a su palabra comprometida el pasado 5 de marzo, cuando en un acto en Manzanillo, Colima, aseguró que no presentaría iniciativa alguna que modificara el régimen de propiedad del ejido y de la comunidad.

Señaló que la inconstitucionalidad de la ley de hidrocarburos –aprobada en comisiones el sábado en el Senado y que será sometida al pleno de esta cámara para su aprobación– radica en que se otorga a los asignatarios o contratistas que obtengan la autorización para explotar, extraer o transportar hidrocarburos, el derecho para la adquisición, uso, goce o afectación mediante convenio de tierras propiedad de ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios en lo individual, y si se trata de tierras de uso común, la acción debe ser aprobada en asamblea.

El ordenamiento establece incluso que si transcurren 180 días contados a partir de la fecha en que el asignatario o contratista avise al propietario sobre su voluntad de adquirir, usar, gozar o afectar tales bienes, sin alcanzar un acuerdo, el primero podrá acudir ante el juez de distrito o el tribunal agrario competente para demandar la servidumbre legal de hidrocarburos, lo cual se regirá por las disposiciones del derecho común federal y las controversias que surjan serán competencia de los tribunales federales.

Todo ello, aseveró, contraviene el párrafo segundo, fracción VI, del artículo 27 constitucional, que establece que la expropiación es el medio para afectar una propiedad por causa de utilidad pública, y en el mismo tenor se pronuncia la Ley Agraria. Ambos ordenamientos indican que sólo por medio de la expropiación pueden ocuparse o afectarse tierras pertenecientes a los núcleos agrarios.

El campo no necesita simulaciones de reforma

En tanto, Ernesto Pérez Virgen, dirigente del Movimiento por la Justicia Agraria, conformada por ejidatarios de Durango, Nayarit y Sinaloa, aseguró que el campo mexicano no necesita simulaciones de reforma, sino que se defienda la posesión de la tierra de los campesinos, pero sobre todo dar reversa a las leyes secundarias en materia energética, que permiten a extranjeros comprarles tierras a los campesinos.

Dijo que las leyes secundarias en materia de hidrocarburos y electricidad aprobadas en comisiones del Senado afectarán al campesino, sobre todo porque permiten a los extranjeros comprar terrenos donde deseen explorar o explotar yacimientos energéticos, y de no lograr un acuerdo con los dueños de las tierras, el gobierno federal puede expropiarlas.

Mientras, en Xalapa, Veracruz, Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Asociaciones Campesinas y Económicas del Campo, informó que unos tres mil ejidatarios veracruzanos podrían perder sus tierras de llegar a aprobarse la norma en cuestión.

Estos lineamientos, dijo, constituyen la entrega de los intereses campesinos a las empresas transnacionales que aprovecharán el petróleo mexicano, dijo en entrevista.