La reforma constitucional en derechos humanos aprobada en junio de 2011, la cual pone al mismo nivel de la Constitución los tratados internacionales sobre garantías fundamentales, enfrenta uno de sus mayores retos: su implementación para garantizar que todos los ciudadanos en el país gocen plenamente de esos derechos, señalaron especialistas en la materia.

El abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, convocó a sumar voluntades por los derechos humanos y dejar atrás venganzas, odios, creencias e intereses particulares, con el fin de ‘‘caminar juntos hacia el respeto a la dignidad humana por medio de la paz, la cultura y la justicia’’.

Durante la inauguración del foro Actualidad, retos y prospectiva de la reforma constitucional en materia de derechos humanos 2011-2014, organizado por la UNAM, la Secretaría de Gobernación (SG) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en el contexto del tercer aniversario de esas modificaciones, González Pérez aseveró que en esa suma de voluntades deben participar ciudadanos, autoridades y muy particularmente los organismos autónomos de defensa de esas garantías, los cuales ‘‘deben recuperar su esencia, respetar su naturaleza y definir su vocación’’ para cumplir con lo establecido en las mencionadas modificaciones.

Desde su perspectiva, la reforma ‘‘constituye uno de los cambios más relevantes’’ que se han verificado en la historia reciente del país, pues transforma ‘‘de manera radical’’ el sistema jurídico y es un paso importante para reconocer y proteger la dignidad humana al hacer explícita la obligación de todas las autoridades de someter invariablemente sus actos al estricto cumplimiento de esas garantías.

Los retos, dijo, ‘‘siguen estando en su operatividad, es decir, cómo hacerlos efectivos, tanto en lo relativo a que la actuación de las autoridades esté en sintonía con los derechos humanos, como en que los ciudadanos estemos en posibilidad de exigir su cumplimiento, y lo que puede ser más complejo, en que se genere en nuestra sociedad un nuevo paradigma cultural que nos haga conscientes y responsables de lo que implica verdaderamente el respeto, protección y vigencia de los derechos humanos’’. Ese cambio no sólo requiere de normativas, sino de la suma de voluntades y esfuerzos estructurados de todos los sectores implicados.

En su turno, Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sostuvo que hoy día la legitimidad de los estados está en su compromiso con los derechos humanos, con la vigencia y aplicación de los mismos, así como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ‘‘Son elementos que dan legitimidad y autoridad a los estados en lo interno y en lo internacional’’.

El juez destacó que si bien en la actualidad en Iberoamérica ya no se expresan situaciones de autoritarismo en el poder, lamentablemente algunos regímenes democráticos se han caracterizado por tener muchas manifestaciones autoritarias que implican violaciones a derechos humanos, de ahí la necesidad de seguir trabajando por esas garantías.

En el foro, al que no asistió ningún representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), también participó la subsecretaria de Gobernación para el tema, Lía Limón, quien dijo que para el gobierno federal es una prioridad trabajar en la implementación de la reforma constitucional en la materia.

Entre las acciones que ha emprendido la actual administración para garantizar estos derechos, la funcionaria destacó las recientes modificaciones a la normativa del fideicomiso creado para dar cumplimiento a las sentencias de la CoIDH. Con esos cambios, este organismo también reconocerá recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CNDH y funcionará en caso de soluciones amistosas.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero afirmó: ‘‘Ya no se trata de normas pragmáticas, sino vinculantes. Con ello se puede exigir el cumplimiento de derechos sociales como salud, educación, medio ambiente limpio, acceso al agua, a la cultura. Se trata de un cambio cultural; las organizaciones civiles deben ser agentes del mismo cambio’’.