La falta de castigo para quienes cometen desapariciones forzadas hace pensar que en México existe una suerte de ‘‘amnistía de facto’’ para los criminales, lo cual deja ver la falta de voluntad política del gobierno para resolver el problema y hace crecer aún más la impunidad, advirtió Santiago Corcuera, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) cuestionó la cifra de 8 mil víctimas de este delito divulgada por la Secretaría de Gobernación la semana pasada –a partir de la lista de 26 mil que se dio a conocer a inicios del sexenio–, al considerar que el número es ‘‘ambiguo’’ y nunca se explicó la metodología para llegar a él.

Durante su participación en el foro Desapariciones forzadas, impunidad sistemática, Corcuera lamentó que aunque en México no se decretaron leyes de amnistía para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como en países latinoamericanos donde hubo dictaduras, dicho recurso parece estar vigente en la práctica.

Sólo seis sentencias

Este clima de ‘‘absoluta impunidad” queda de manifiesto al saber que de decenas de miles de casos de desaparición forzada ocurridos en México sólo hay seis sentencias condenatorias, así como 99 averiguaciones previas a cargo de la Procuraduría General de la República y 192 de diversas procuradurías estatales, según datos oficiales.

Lamentó que otros factores de impunidad sean la falta de tipificación adecuada de la desaparición y la ineficacia de las instituciones del Estado, lo cual deja al sistema interamericano de justicia como única salida para las víctimas.

A su vez, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, puso en tela de juicio la cifra de 8 mil desaparecidos en el país, ya que la Secretaría de Gobernación nunca explicó de qué forma llegó a este número.