Manzanillo, Col., 5 de marzo.

Las reformas al artículo 27 de la Constitución sólo han beneficiado al comerciante usurero de la tierra y ante ello, las organizaciones campesinas del país presentaron al presidente Enrique Peña Nieto su oposición categórica a modificar el marco legal por el cual se agilizaría el proceso de privatización del ejido y la comunidad.

Además, le pidieron revocar las concesiones mineras, porque son una amenaza para la propiedad social y disminuyen la superficie cultivable.

Rechazamos y alertamos sobre el carácter explosivo de las voces que han planteado la reforma al campo como la eliminación del régimen de propiedad social y la profundización de la privatización bajo el argumento de que el campo no progresa porque los campesinos detentan minifundios y porque la tierra no es privada, planteó Isabel Cruz Hernández, del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).

Luego de mostrar la inequidad y el sentido regresivo de los apoyos al campo, porque se concentran sólo en el norte y en el Bajío, ella misma denunció: desde 2006, las regiones campesinas han estado expuestas a un severo desmantelamiento social debido a la penetración absoluta del crimen organizado.

Éste encontró las mejores condiciones frente a la caída del maíz, café y otros productos, la falta de coberturas y apoyos a la comercialización y, después de la crisis alimentaria de 2007, hubo una gran cantidad de tierras para el cultivo de enervantes, agregó.

A su vez, José Durán Vera, del Congreso Agrario Permanente (CAP) advirtió: a nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al campo.

El consenso de las organizaciones reunidas aquí con Peña Nieto fue exigir una reforma del sector, democrática, de consenso y no impositiva.

Reclamaron ser interlocutores en su diseño y tras ubicar las razones de la decadencia productiva en la imposición de precios ficticios por las trasnacionales del agro, mencionaron como razones del enorme déficit de alimentos en México a la presión demográfica, las políticas agropecuarias equivocadas y el alto grado de corrupción en varios niveles del ejercicio gubernamental.

No omitieron recordar al presidente Peña que desde hace un año entregaron las propuestas para hacer un cambio real y donde la agricultura campesina sea protagonista de un enfoque de desarrollo productivo y no recipiendario de subsidios improductivos y asistenciales. Seguimos esperando, señaló Isabel Cruz.

En ese contexto, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez, destacó la importancia de reformar al sector rural, pues éste vive una sobrerregulación por la gran diversidad de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las decisiones.

José Jacobo Femat, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), planteó a Peña Nieto: le pedimos inicie ya una etapa de gobierno en el que usemos una sola palabra: la verdad, para gobernar.