La petición de las fuerzas armadas de que el Congreso les dé certeza jurídica en sus acciones de combate al crimen organizado –luego de admitir en una audiencia pública que han cometido violaciones a los derechos humanos de civiles– no es otra cosa que exigir impunidad para los responsables de múltiples casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, señalaron activistas de organizaciones sociales.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, afirmó que se deben diferenciar los posibles errores cometidos durante un operativo de las fuerzas de seguridad, de los abusos cometidos a propósito por los uniformados, de los cuales hay múltiples ejemplos.

Entre ellos, enfatizó, se encuentran la detención arbitraria, tortura y desaparición de seis hombres en junio de 2011 en Nuevo Laredo a manos de efectivos de la Secretaría de Marina, o la ejecución extrajudicial de Armando del Bosque Villarreal en julio de 2013, cometido en esa misma ciudad y por integrantes de la misma institución.

En estos y otros casos, recalcó el activista, hay una serie de actos conscientes de la Armada, cuyos miembros se toman atribuciones que no les corresponden y deciden a quién detener, torturar y desaparecer en medio de total impunidad.

“Lo que están tratando de hacer (las fuerzas armadas) con esta petición es limpiarse la cara con un trapo ensangrentado. Piden que les den el mazo para dar el último golpe a la población, cuando ya bastante poder de facto tienen para legalizar sus abusos y arbitrariedades”, lamentó.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, coincidió en que en una sociedad democrática es muy delicado que las fuerzas armadas reconozcan violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo pidan certeza jurídica para continuar con sus actividades.

Lo que piden no es más que certeza de impunidad, no certeza jurídica, y eso es verdaderamente delicado, alertó.

Atender las exigencias del Ejército y la Marina, dijo, sería ir en contrasentido de las peticiones de diversos organismos internacionales para que el gobierno mexicano reforme el Código de Justicia Militar y obligue a que todos los abusos de derechos humanos cometidos por un uniformado contra un civil se analicen en la justicia ordinaria.

Una sociedad que aspira a investir sus instituciones con el espíritu de los derechos humanos no debe permitirse que las instituciones militares violen las garantías básicas reiteradamente y además pidan certeza para continuar haciéndolo”, manifestó.