La reforma energética aprobada en diciembre del año pasado tendrá consecuencias nefastas para el desarrollo económico interno, ya que pondrá en manos de las trasnacionales petroleras buena parte de la renta que producen los hidrocarburos y condenará a México a ser exportador de materias primas e importador de productos refinados.

Así lo advirtieron académicos y especialistas participantes en la mesa redonda Reforma energética. Resultados e implicaciones, organizada por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jorge Eduardo Navarrete, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, advirtió que la propuesta de Enrique Peña Nieto resultará funesta, pues reafirma el sesgo exportador de materias primas y debilita a Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a los gigantes del sector, a los que se les abrieron las puertas de par en par.

De igual forma, busca acelerar la extracción de crudo de 1.2 a 1.6 millones de barriles diarios para incrementar a corto plazo las ventas del mismo –sin considerar el posible desgaste de las reservas–, posterga la transición hacia energías bajas en carbono y deja asuntos fundamentales en manos de órganos reguladores débiles y susceptibles a la manipulación.

En cuanto al sector eléctrico, el Estado simplemente se desentiende de su obligación de ampliar el servicio, para asumir únicamente el rol de administrar el que existe, incluso con la opción de cederlo a particulares mediante la subcontratación.

Todo ello, dijo Navarrete, no dará lugar a ningún beneficio real para la economía mexicana, pues se espera que la reforma genere un crecimiento de apenas 0.3 por ciento en 2015 y de uno por ciento en 2018.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que más allá de los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, la parte medular de la reforma está en 21 artículos transitorios, lo cual representa una absoluta anomalía jurídica.

Además, este cambio se realizó en medio de diversas irregularidades legales, entre ellas que fue promulgado por el Constituyente Permanente, sin antes hacer una consulta amplia entre los ciudadanos; nunca se hizo un análisis de impacto presupuestal y pasó por alto diversos trámites legislativos para ser aprobado por la vía rápida.

Gonzalo Núñez, del Colegio Nacional de Economistas, subrayó que la reforma energética sólo forma parte de un proyecto integracionista de América del Norte bajo el control de Estados Unidos, y lamentó que los miles de millones de dólares obtenidos por México gracias a los excedentes petroleros no hayan sido utilizados para impulsar el desarrollo nacional.

Por todo ello, los participantes en el foro llamaron a echar atrás la reforma mediante una consulta popular sobre el tema, como lo prevè el artículo 40 de la Carta Magna, sin perder de vista que la reforma es inconstitucional y sin caer en el juego de debatir si dicho ejercicio de consulta puede o no abordar temas de ingresos.