uasi homónimo de una novela de García Márquez, este texto conlleva también su esencia: reconocer que no todo lo deseado fue posible y que hay cosas que están lejos de la satisfacción.
Así es el laberinto de Enrique Peña referido a su errática postura sobre seguridad pública. Las cosas no marchan como debieran, se ha carecido de un proyecto básico desde el principio y de ahí los parches sobre parches que advertimos.
El sexenio que comienza ha drenado de significado la palabra estrategia
. Lo ha hecho por la vía del exceso, de su aplicación indiscriminada. Este abuso primero alentó al pueblo a preguntarse sobre la tal estrategia, después se desconcertó al sentirla como tema reservado, hoy su inexistencia ya es burla. ¿Por qué?
¿Será que el Presidente con esa palabra desea generalizar, hacer ambiguo, inasible el concepto y así, muy a su estilo, darle la interpretación que le convenga? O tal vez no ha leído la Constitución, artículo 21, que establece conformará el sistema de seguridad pública que es una función a cargo de la Federación, estados y municipios y comprende la prevención de los delitos, la investigación y su persecución para hacerla efectiva
.
Todo esto sólo para comprobar que, a los ojos de cualquier ciudadano atento al acontecer público, ese mandato constitucional no está siendo acatado cabalmente. El sistema que la ley prescribe no existe, si por sistema entendemos un grupo de componentes que se relacionan entre sí para alcanzar un fin superior en un marco de armonía, cooperación e interdependencia.
La quimera que le ha resultado a Peña es la suma de intenciones diversas y de distintos empeños circunstanciales totalmente desvinculados y autónomos con los graves resultados de ineficiencia que se advierten.
El tema de los costos presupuestales no puede ser ajeno a un análisis serio e integral. No es honesto desvincular los costos respecto de los beneficios obtenidos y, en este caso, aun en ausencia de cifras claras por cada sector corresponsable, se advierte, por el peso de las instituciones comprometidas, que resultan descomunales en relación con los resultados.
Revisando en paralelo la fragmentación y hasta las duplicidades y conflictos en los esfuerzos y sus costos, se ve que lo más importante es la ausencia de un órgano rector, diseñador, indicador, controlador y corrector. No lo hay, el Consejo Nacional de Seguridad Pública si acaso, es un órgano deliberativo y resolutivo.
Entonces tenemos esta casi caótica fantasía:
1) La Secretaría de Gobernación alberga en su organigrama a Cisen; la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana; la Coordinación Nacional de Protección Civil; al Instituto Nacional de Migración; la Coordinación para Seguridad y Desarrollo de Michoacán; la Coordinación Nacional Antisecuestro; el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y a la Coordinación Nacional de Seguridad.
2) Súmese al rompecabezas la Secretaría de la Defensa Nacional con sus órganos de inteligencia y operación; 3) la Secretaría de Marina, ídem; 4) la Secretaría de Relaciones Exteriores para efectos de colaboración y difusión; 5) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su Unidad de Inteligencia Financiera y sus aduanas; 6) las secretarías de Comunicaciones y Transportes, la de Educación y la de Salud, y 7) la Procuraduría General de la República, más 32 secretarías de Seguridad Pública y 32 procuradurías estatales.
Todos ellos con responsabilidades fundamentales en materia de seguridad pública y justicia y sin una coordinación integral estipulada. ¿Cuál sería la garantía de que esa complejísima comunidad esté trabajando en coordinación, como manda el propio artículo constitucional y en ausencia de una auténtica estrategia? ¡Ninguna!
Una verdad que acepta cualquier debate es que, por lo menos en el terreno de las realidades que son las operaciones, cada institución marcha según sus propias y autónomas determinaciones. En ningún lugar están fijados los límites de responsabilidad y ni su interconexión.
¿Conocerá el secretario de Gobernación el estupendo Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y la Legalidad y sus 73 compromisos. ( DOF del 25 de agosto de 2008) ¿Por qué en más de un año no se ha exigido su cumplimiento? o ¿por qué no se ha derogado?
¿Cómo explicaría la Secretaría de Gobernación este laberinto que incumple con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fraccción uno que le ordena coordinar?
De manera tal que con gran desencanto, estudiando estadísticas oficiales, sintiendo a la opinión pública y revisando los discursos presidenciales y afirmaciones de sus funcionarios, se cae en una gran desolación. Crece la idea entre la opinión pública que la seguridad y la justicia no son prioridad para el Presidente, que no está dispuesto a correr riesgos y enfrentar costos.
